Los acuerdos petroleros anunciados a finales de agosto y sellados la primera semana de septiembre de 2026 en Caracas constituyen uno de los episodios más polarizantes de la transición venezolana posterior a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Por un lado, Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez presentan un paquete que combina concesiones de largo plazo sobre 17 campos con reservas de unos 65.000 millones de barriles, participación accionaria estadounidense en una empresa privada venezolana y contratos adicionales con Chevron, Eni y GE Vernova. Por el otro, críticos de distintas orillas denuncian ilegitimidad constitucional, opacidad, la figura de Alejandro Betancourt y el riesgo de hipotecar recursos soberanos por décadas sin un mandato democrático claro.
Los convenios petroleros sellados entre finales de agosto y los primeros días de septiembre de 2026 no son solo un paquete de contratos. Son el momento en que las mayores reservas de crudo del planeta dejan de servir de plataforma a un eje antagónico a Occidente y se reorientan hacia Estados Unidos, Europa y el capital privado internacional.
En El Tuqueque Noticias consideramos que esos acuerdos deben ocurrir: sin inversión no hay producción, sin producción no hay empleo ni caja fiscal, y sin eso la transición se pudre en la miseria. Al mismo tiempo, la reinstitucionalización no puede quedar como un apéndice retórico. Estabilizar la economía es condición necesaria, no suficiente. Hay que avanzar en paralelo hacia reglas, elecciones, separación de poderes y un Estado que rinda cuentas. Lo que está en juego es un nuevo dibujo de poder energético global.
Este análisis examina los términos conocidos, los argumentos económicos y geopolíticos a favor, las objeciones jurídicas y morales, y las implicaciones de largo plazo.
El contexto inmediato: Wright en Miraflores y el “mayor acuerdo petrolero de la historia”
El 28 de agosto el presidente Donald Trump anunció lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia: acceso estadounidense preferente a aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas a través de North American Blue Energy Partners (NABEP). Días después, el 1 y 2 de septiembre, el secretario de Energía Chris Wright viajó a Caracas. Allí se firmaron instrumentos con Chevron para ampliar operaciones en la Faja del Orinoco (inversión estimada de más de 7.000 millones de dólares y meta de duplicar su producción local), un contrato de participación productiva de Eni en el bloque Junín 5 y un acuerdo con GE Vernova para modernizar la red eléctrica.
Wright describió los convenios como el inicio de un flujo de “decenas de miles de millones” en inversión privada que debería elevar la producción venezolana —actualmente en torno a 1,2 millones de barriles diarios— y presionar a la baja los precios de combustibles en Estados Unidos. Delcy Rodríguez los calificó de históricos y sostuvo que Venezuela conserva la propiedad del recurso en el subsuelo. Existe una discrepancia pública sobre la duración: Washington habla de concesiones de 100 años; el lado venezolano insiste en 25 años renovables.
La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EE.UU. toma una participación del 35 % en la matriz de NABEP “sin costo para el contribuyente”. El Departamento de Estado obtiene derecho a comprar el 20 % de la producción a costo y acceso preferente al resto. NABEP, controlada por Alejandro Betancourt, recibe los derechos de operación de los 17 campos.
En qué consisten los acuerdos y qué prometen en números
El núcleo es un esquema de participación productiva y concesiones de operación privada sobre campos que concentran reservas equivalentes a cerca del 20-22 % del total venezolano. El gobierno interino proyecta ingresos fiscales y regalías del orden de 209.000 millones de dólares en 25 años (con supuestos de precio de 65 dólares por barril) y un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios en esos activos. Smith Perera ha hablado de un horizonte de inversión de 100.000 millones de dólares para llevar la producción nacional hacia 3,5 millones de barriles diarios.
El cambio de modelo que destacan los defensores es estructural: el Estado deja de endeudarse para financiar taladros, plantas y oleoductos. El capital, la tecnología, el riesgo operativo y la gestión pasan a empresas privadas. Venezuela cobra regalías (mínimas del 16 % en algunos bloques nuevos) e impuesto sobre la renta (34 % en ciertos casos). Chevron ya opera en el país y ampliará Petroindependencia y campos Carabobo. Eni asume Junín 5, con reservas in situ estimadas en decenas de miles de millones de barriles. GE Vernova se compromete a sumar gigavatios a un sistema eléctrico colapsado.
El impacto laboral de una reconstrucción de esa magnitud se podría desglosar de la siguiente manera: 150.000 empleos el primer año y hasta 850.000 en la fase plena, entre ingenieros y geólogos (40.000), técnicos especializados (90.000), obreros directos (140.000) y empleos indirectos en transporte, metalmecánica, vivienda y servicios (580.000). Sin inversión no hay producción; sin producción no hay empleo ni condiciones reales para el retorno de la diáspora.
Argumentos a favor: reconstrucción, empleos y realineamiento hemisférico
El razonamiento pragmático, o real politik, parte de una premisa: Venezuela no puede esperar a una democracia perfecta para empezar a producir. Ocho meses después del 3 de enero, Maduro ya no está, se rompió el eje de 27 años, el país se realinea con Occidente y el petróleo vuelve al centro de la estrategia energética del hemisferio. El modelo estatista de PDVSA quebró; repetirlo sería un error histórico. El recurso en el subsuelo sigue siendo de la Nación; la industria —pozos, taladros, refinerías, capital y riesgo— será privada.
Esa apertura atrae tecnología y dinero que el Estado no tiene. Genera empleo masivo en un país con salarios de hambre y servicios destruidos. Reduce la influencia china y rusa en campos estratégicos. Ofrece a Estados Unidos suministro a costo y seguridad energética después de tensiones en Oriente Medio. Wright y funcionarios estadounidenses lo enmarcan como parte de un camino hacia la democracia: primero estabilizar la caja fiscal y la producción, después instituciones y elecciones. Esto podría compararse en el erario histórico de Venezuela con una secuencia tipo López Contreras post-Gómez: calma, cordura, reconstruir bases económicas y luego votar sobre tierra firme. Un boom petrolero bajaría tensiones políticas y haría viable una transición institucional.
Desde esta óptica, oponerse ahora a los contratos es oponerse a trabajo, producción y retorno de venezolanos. Las grandes petroleras internacionales ya firman; eso genera confianza para más capital.
Hay un cambio de modelo que importa tanto como el volumen. Durante décadas el Estado se endeudaba para perforar y refinar. Si el proyecto salía mal o se lo comía la corrupción, la deuda quedaba. Ahora el principio es otro: capital privado, operación privada, riesgo privado. El recurso en el subsuelo sigue siendo de la Nación. Venezuela cobra regalías (mínimas del 16 % en bloques nuevos, según lo divulgado) e impuesto sobre la renta. Quien se endeuda es quien hace el negocio. Ese esquema, si se extiende con reglas claras a electricidad, puertos, agua e infraestructura, es el único realista para un país que no tiene ahorro público ni crédito soberano barato.
El efecto cambiario también cuenta. Incluso un flujo anual de 5.000 millones de dólares ya pesaría de forma decisiva en un mercado de divisas estrecho. Dejar de vender con descuento forzado a Asia y colocar el crudo en el Golfo de México o Europa a precios de mercado multiplica ingresos por barril. El PNUD ya proyectaba para 2026 un crecimiento del PIB cercano a 6,5-7,4 % impulsado por el rebote petrolero; los nuevos contratos, si se ejecutan, pueden convertir ese rebote en un ciclo de varios años.
Nada de eso es automático. Los campos verdes de la Faja tardan años. El crudo extra-pesado exige diluyentes, electricidad estable y puertos. La infraestructura está destrozada. Pero el sentido de la apuesta es correcto: convertir reservas dormidas en inversión, empleo y caja, en lugar de seguir administrando la escasez.
De la tutela chavista-asiática a la realineación hemisférica
Durante más de una década Venezuela funcionó como nodo del llamado “eje” que combinaba petróleo barato, deuda opaca y proyección estratégica de China, Rusia e Irán. Pekín financió con préstamos respaldados por crudo (aún quedan estimaciones de 10.000 a 12.000 millones de dólares por cobrar) y llegó a absorber la mayor parte de las exportaciones venezolanas, a menudo con descuentos del orden del 30 % y a través de flotas opacas. Empresas estatales chinas —CNPC, Sinopec y China Concord Resources, esta última sancionada por vínculos con Irán— operaban campos que ahora pasan a un esquema distinto. Rusia mantuvo activos a través de vehículos como Roszarubezhneft, heredero de la presencia de Rosneft. Irán aportó diluyentes para el crudo extra-pesado, rutas de trueque y una presencia técnica y política en el Caribe.
Ese arreglo se quebró. Las licencias estadounidenses posteriores a enero de 2026 excluyen de forma explícita a entidades rusas, chinas e iraníes. Varios de los 17 campos asignados a North American Blue Energy Partners (NABEP) estaban precisamente bajo operadores de esos países. El mensaje estratégico es claro: el hemisferio occidental no será base de operaciones de rivales de Washington. El crudo venezolano vuelve a canales legales, dolarizados y auditables. Se cierra una vía de desdolarización y de financiamiento paralelo para regímenes sancionados.
El impacto no es solo venezolano. China pierde un suministro de crudo pesado con descuento que alimentaba a sus refinadoras independientes (“teapots”), aunque el volumen era modesto en el total de sus importaciones (alrededor del 3-5 %). El golpe es mayor cuando se suma a la presión simultánea sobre el petróleo iraní y a las restricciones sobre el ruso. El triángulo de crudo barato y políticamente riesgoso que Pekín había construido se estrecha. Rusia pierde un socio energético y un argumento de presencia en el Caribe. Irán pierde un interlocutor para evadir sanciones y proyectar influencia. Cuba, ya golpeada por el recorte de envíos, queda más aislada.
Estados Unidos, por su parte, asegura acceso preferente a 65.000 millones de barriles —cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas— mediante una participación del 35 % en la matriz de NABEP y el derecho a comprar el 20 % de la producción a costo, con opción preferente sobre el resto. No es nacionalización estadounidense del subsuelo. Es un rediseño de quién opera, quién financia y hacia dónde fluye el crudo. En un momento de tensión en Oriente Medio y de competencia sistémica con China, colocar las reservas más grandes del mundo bajo un marco occidental altera el balance de oferta, la cohesión de la OPEP+ y la capacidad de actores rivales para usar la energía como arma.
Geopolítica energética: Occidente recupera la retaguardia
El valor estratégico supera los barriles. Venezuela no es un productor marginal. Es el tenedor de las mayores reservas probadas del mundo. Mientras esas reservas estuvieron atadas a China, Rusia e Irán, el Caribe dejó de ser retaguardia segura de Estados Unidos y se convirtió en un flanco. Recuperar el control de los flujos —quién produce, quién transporta, en qué moneda se liquida, a qué refinadores llega— es una operación de seguridad hemisférica tanto como un negocio energético. Para Washington, el acuerdo encaja en una estrategia más amplia: energía abundante y barata en casa, contención de rivales en Eurasia y Medio Oriente, y cierre de espacios a potencias extrahemisféricas en América Latina. El petróleo venezolano que entre al sistema estadounidense y europeo no solo baja precios al margen; reduce la capacidad de la OPEP+ de administrar el mercado si Caracas rampa producción fuera de la disciplina del grupo. También envía una señal a India, Europa y refinadores asiáticos: hay un proveedor pesado occidental de nuevo en el tablero.
Para Venezuela, la alineación con Occidente abre mercados, tecnología, financiamiento y un paraguas de seguridad jurídica que las empresas grandes exigen. Chevron, Eni y otras no firman por romanticismo: firman porque perciben que el riesgo de confiscación baja cuando Estados Unidos tiene skin in the game. Esa garantía es un activo intangible, pero real.El reverso es evidente. Pekín ya reclamó “intereses legítimos”. Moscú denunció discriminación. Un futuro gobierno venezolano tendrá que gestionar deudas y reclamos de esos actores. La transición no ocurre en el vacío: ocurre mientras China y Rusia buscan preservar lo que puedan y mientras Irán, bajo presión militar y de sanciones, pierde un aliado en el Caribe. El nuevo mapa energético no elimina la competencia; la desplaza y la vuelve más asimétrica a favor de Occidente.
Los contras: nulidad jurídica, opacidad y el precio moral
Las objeciones legalistas son contundentes. Delcy Rodríguez no fue electa presidenta; asume de forma interina tras la captura de Maduro, con reconocimiento de Washington y un dictamen del TSJ chavista, pero sin elección popular reciente y limpia. Constitucionalistas y exmagistrados argumentan que un gobierno usurpador o interino no puede comprometer recursos por 25 o 100 años. Los actos de una autoridad ilegítima son nulos. Contratos de interés público requieren debate y aprobación legislativa plena; aunque la Asamblea actual (controlada por el chavismo) los respaldó, su propia legitimidad está cuestionada. Ricardo Hausmann y María Corina Machado han sido explícitos: no se negocia el patrimonio nacional con un gobierno opresor e ilegítimo; un futuro gobierno democrático no estará obligado a respetarlo.
La opacidad agrava el problema: no hubo licitación competitiva pública para los 17 campos asignados a NABEP. Los detalles completos de regalías, impuestos, cláusulas de estabilidad y posibles indemnizaciones no están todos a la vista. La discrepancia 25 versus 100 años genera incertidumbre. Entregar una porción tan grande de reservas a un vehículo con participación del Pentágono y un empresario con historial judicial crea un precedente de “botín” o tutela económica.
Moralmente, muchos venezolanos rechazan que el mismo aparato que mantuvo presos políticos, leyes de odio, bloqueo de medios y Diosdado Cabello impune firme ahora mega-contratos de la mano de un personaje investigado por corrupción petrolera. El chavismo obtiene supervivencia política y flujo de caja; Washington obtiene petróleo barato. La transición democrática —elecciones presidenciales, liberación de presos, desmonte de leyes represivas, instituciones independientes— no tiene cronograma firme. Ocho meses después, la lista de pendientes que Smith reconoce (presos, libertades, salarios, servicios) sigue larga. Expertos dudan además de la viabilidad técnica inmediata: el crudo extra-pesado de la Faja no encaja fácilmente en la Reserva Estratégica estadounidense y la infraestructura destruida requiere años, no meses.
Y a las críticas debe sumársele un factor no pequeño: Alejandro Betancourt. El bolichico que cae parado como los gatos controla NABEP, hoy el segundo productor privado de Venezuela (alrededor de 180.000-200.000 barriles diarios). Surgió en la era Chávez con Derwick Associates, que obtuvo contratos millonarios de plantas eléctricas sin experiencia previa demostrada y ha sido objeto de señalamientos de sobrecostos. Enfrenta o ha enfrentado investigaciones por presunto blanqueo de capitales vinculados a PDVSA en España (Audiencia Nacional, causa reabierta en 2026), Suiza y, en el pasado, Estados Unidos. Adquirió activos como la marca Hawkers y propiedades en España.
Funcionarios estadounidenses lo defienden como “operador comprobado” que ya produce en Venezuela, facilitó negociaciones con Delcy Rodríguez y colaboró en la fase previa a la captura de Maduro. “Sin Betancourt no hay acuerdo de seguridad energética”, resumió un oficial. Delcy lo ha respaldado públicamente. Críticos lo describen como un “bolichico” reconvertido en socio del Pentágono. Sin embargo es oportuno considerar que las objeciones personales a Betancourt se pueden corregir “de un plumazo”; otra cosa es negar capacidad de firmar al gobierno interino, lo que equivaldría a paralizar la transición.
Ilegitimidad versus pragmatismo: ¿se puede reconstruir sin mandato?
Esta es la diatriba central. Una posición exige primero restaurar el hilo constitucional, elecciones libres y un gobierno con mandato para negociar en serio. De lo contrario se convalida la usurpación y se crea un hecho consumado difícil de revertir. La otra, la de Washington, sostiene que la secuencia inversa condena al país a la parálisis: sin caja no hay estabilidad, sin estabilidad no hay transición viable, y el caos post-dictadura (como en algunos escenarios históricos) sería peor. Delcy es un instrumento temporal; se irá. Lo urgente es que el aparato productivo no se detenga.
Ambas tienen costos. La primera puede significar años más de miseria mientras se disputa la legalidad. La segunda puede consolidar una nueva élite económico-política tutelada, con Betancourt o figuras similares como “zar” petrolero, y dejar a un futuro gobierno democrático atado a contratos leoninos o forzado a costosas renegociaciones.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez no nace de una elección libre reciente. Eso alimenta la tesis de que los actos de una autoridad usurpadora o meramente provisional son nulos y que un contrato de 25 o 100 años sobre el 20 % de las reservas no puede firmarse así. La ausencia de licitación competitiva abierta para los 17 campos, la figura de Alejandro Betancourt —con investigaciones por presunto blanqueo vinculadas a PDVSA en España y Suiza— y la discrepancia pública sobre la duración de las concesiones refuerzan la sospecha. Hausmann y otros han argumentado que un gobierno democrático futuro no tendría por qué respetar un pacto inconstitucional. Esas críticas no son menores. Son el costo político del atajo.
Desde este medio no las ignoramos. Las tomamos en serio. Pero paralizar la firma hasta que exista un paraíso institucional es otra forma de condenar a la población a más años sin empleo, sin luz estable y sin ingresos. Un gobierno interino reconocido de facto por Washington y por decenas de cancillerías, con control efectivo del territorio y con una Asamblea que ya votó el marco, es el interlocutor que existe. Pretender que no puede suscribir nada equivale a dejar el país sin gobierno operativo en la fase más crítica de la recuperación.
La posición coherente es doble: sí a los acuerdos, sí a la exigencia de que no se conviertan en un nuevo candado. Los contratos deben poder auditarse. Las regalías y los impuestos tienen que entrar a un fisco visible, no a cajas paralelas. Betancourt o cualquier operador puede ser sustituido si hay causas; el esquema de capital privado no depende de una sola persona. Y, sobre todo, la secuencia económica no puede servir de excusa para congelar la política.
Reinstitucionalizar no es el premio al final: es parte del mismo proceso
Ocho meses después de la captura de Maduro siguen pendientes presos políticos, leyes represivas, medios bloqueados, un cronograma electoral y un Estado que no sea botín. Un boom petrolero sin instituciones produce una nueva oligarquía, no una república. El riesgo no es abstracto: ingresos de 200.000 millones de dólares en un cuarto de siglo, sin contraloría independiente ni prensa libre, se pueden evaporar otra vez.
Por eso la alineación con Occidente debe usarse también como palanca institucional. Estados Unidos y las empresas que ponen el capital tienen interés en reglas predecibles. Ese interés puede y debe traducirse en condiciones: transparencia de contratos, liberación de presos, apertura mediática, un calendario electoral verificable y la reconstrucción de un poder judicial que no sea apéndice del Ejecutivo. No se trata de “esperar a que todo esté perfecto” para producir un barril. Se trata de no aceptar que la producción sustituya a la democracia.
La analogía histórica útil no es la de un milagro instantáneo, sino la de una transición por fases: primero seguridad y caja, después reglas, después voto sobre un piso económico menos desesperado. Pero las fases no son compartimentos estancos. Cada dólar que entre debe ir acompañado de una exigencia de cuentas. Cada campo que se abra debe ir acompañado de la pregunta de a quién beneficia el ingreso.
El largo plazo: nuevo poder energético o nueva hipoteca
Si el capital llega, Venezuela puede volver a ser un productor relevante, generar cientos de miles de empleos, reconstruir electricidad y logística, y reinsertarse en los mercados occidentales. Eso cambiaría la vida cotidiana más que cualquier comunicado. También cambiaría el mapa: Occidente recuperaría peso sobre las reservas más grandes del mundo; China, Rusia e Irán perderían un flanco energético y político en el Caribe; la OPEP+ enfrentaría un productor con incentivos distintos; y Estados Unidos reforzaría su pretensión de abundancia energética hemisférica. Si el capital llega y las instituciones no, el país habrá cambiado de tutor sin haber recuperado la soberanía ciudadana. Un contrato de décadas sobre una porción estratégica de las reservas ata a gobiernos futuros. Un operador con historial judicial y un interinato sin mandato popular crean un hecho consumado difícil de desmontar sin litigios ruinosos.
Para que estos acuerdos se conviertan en referencia positiva y no en el origen de un nuevo ciclo de resentimiento, se necesitan al menos tres condiciones que hoy no están garantizadas: transparencia total de términos, un calendario electoral creíble y verificable, y mecanismos para que los ingresos petroleros se traduzcan en salarios, servicios y no en nueva captura de rentas. Smith tiene razón en que sin empleo la promesa de retorno es vacía. Los legalistas tienen razón en que un país no se reconstruye hipotecando su principal activo con un gobierno que no rinde cuentas ante sus ciudadanos.
El debate no es abstracto. Es sobre si Venezuela prioriza barriles y nóminas ahora o la restauración previa del contrato social. Los próximos meses —producción real, llegada de capital, señales políticas— dirán si el pragmatismo de Washington y Caracas produce el despegue o solo un nuevo capítulo de tutelas y sospechas.
En El Tuqueque Noticias sostenemos ambas cosas a la vez. Los acuerdos deben ejecutarse porque el pueblo necesita trabajo, divisas y servicios ahora. Y deben subordinarse a un horizonte de reinstitucionalización porque el petróleo, solo, nunca construyó una democracia. El nuevo dibujo de poder energético global ya está en marcha. Que Venezuela aparezca en ese mapa como socio occidental y no como enclave extractivo depende de lo que ocurra, en paralelo, en las urnas, en los tribunales y en la calle.
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