El 22 de julio de 2026, en una audiencia de apenas quince o veinte minutos en Manhattan, el juez Alvin Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los acusados, capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero, enfrentan cargos de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos. Ambos se declararon no culpables. La defensa anunció que impugnará el caso por inmunidad soberana. El 17 de noviembre habrá otra audiencia para discutir esas mociones.
Maduro entró a la sala con uniforme beige de prisión, sin esposas, saludó en inglés y hasta saludó a un dibujante de la corte. Cilia Flores permaneció en silencio. Fuera del tribunal, manifestantes a favor y en contra de la intervención se enfrentaban verbalmente. Un cartel resumía el sentimiento de muchos: “No les importa el pueblo. Les importa el petróleo”.
La captura que cambió todo… o casi nada
La operación de enero de 2026 —llamada de distintas formas según quién la narre— sacó a Maduro del poder. Desde entonces el país vive una transición administrada. Delcy Rodríguez ejerce como presidenta interina reconocida por Washington. Se levantaron buena parte de las sanciones. Se habla de estabilidad, recuperación y, eventualmente, elecciones. Pero el juicio de Maduro se convierte en el telón de fondo permanente de esa narrativa.
Estados Unidos sostiene que Maduro no era un jefe de Estado legítimo y, por tanto, no goza de inmunidad. La defensa responderá que el 3 de enero todavía era el presidente en ejercicio y que su extracción violó el derecho internacional. El juicio se alargará. Mientras tanto, Maduro permanece en una cárcel de Brooklyn y Venezuela permanece en un limbo de soberanía compartida.
El punto evidente aquí es que siendo Maduro ilegítimo, mal puede ser legítima su «vicepresdenta», a la sazón, la «encargada» en funciones, Delcy Rodríguez. Pero a esa sí la reconocen como «legítima». Si su condición deriva de la validez o no del anterior -Maduro – mal puede esgrimirse condición de legitimidad alguna, pero las contradicciones no son ajenas en el universo Trumpiano.
El espectáculo judicial y la narrativa del “narco-Estado”
Los cargos de la pareja son graves. La fiscalía habla de conspiración con carteles, de uso de la estructura estatal para el tráfico de cocaína y de narco-terrorismo. Si son condenados, enfrentan cadena perpetua. Pero el timing y el escenario no son casuales. Juzgar a un expresidente extranjero – legítimo o no – en una corte de Nueva York, con cámaras y dibujantes, convierte el proceso en un mensaje geopolítico más que en un simple juicio penal.
La narrativa del “narco-Estado” sirvió para justificar la intervención. Ahora sirve para mantener la presión. Mientras el juicio avanza a cámara lenta hacia 2027, en Caracas se discute la transición que Marco Rubio anunció para principios de agosto. Se menciona la posible participación de María Corina Machado. Todo ocurre bajo la mirada permanente de Washington.
¿Cuánto de justicia hay y cuánto de consolidación de control?
Inmunidad, legalidad y el doble rasero
La defensa de Maduro prepara el argumento de inmunidad soberana. Y vaya que dicho argumento cobra fuerza ante los hechos, aunque no nos agrade en absoluto, pues al darle «legitimidad» a Delcy, quien proviene de ser la vice de Maduro, complica las cosas. Es un terreno jurídico resbaladizo. El derecho internacional protege a los jefes de Estado en ejercicio, pero Estados Unidos sostiene que Maduro había perdido legitimidad hace años. El mismo país que reconoce ahora a Delcy Rodríguez como jefa de Estado legítima niega esa condición a quien ocupaba el cargo el día de la captura. La administración Trump y sus cosas.
Este doble rasero no es nuevo. Aparece cada vez que una potencia decide cambiar un gobierno por la fuerza y luego construye la arquitectura legal que legitime su acción. El juicio de 2027 no solo decidirá la suerte de Maduro y Cilia. Decidirá hasta dónde llega el poder de Washington para redefinir quién es y quién no es un jefe de Estado.
El petróleo detrás del estrado
Nadie en Venezuela ignora que el crudo está en el centro de esta historia. Llevarse a Maduro y dejar al resto del narcorégimen intacto fue una jugada imposible de digerir. Desde el primer día de la intervención, la administración Trump habló de estabilizar, recuperar la industria petrolera y luego transitar. Rubio detalló un plan de tres fases. La fase de recuperación incluye acceso de compañías estadounidenses al petróleo venezolano. El juicio de Maduro mantiene vivo el recuerdo de la “dictadura narco” mientras se negocian los términos de esa recuperación.
Los manifestantes frente al tribunal lo dijeron sin rodeos. El interés no es solo judicial. Es energético. Venezuela sigue teniendo las reservas más grandes del mundo. Un país exhausto por el doble terremoto, por la crisis económica y por la intervención necesita reconstruirse. La pregunta es quién controlará esa reconstrucción y a qué precio.
2027: un juicio largo para una transición indefinida
Fijar la fecha en junio de 2027 da tiempo. Tiempo para consolidar la presencia estadounidense, tiempo para reorganizar la industria petrolera, tiempo para decidir quién participa en las eventuales elecciones. Pero sobre todo tiempo para que el narcorégimen sobreviva. Mientras el reloj corre, Maduro y Cilia Flores esperan en Brooklyn y el pueblo venezolano espera en un país que todavía busca a sus muertos bajo los escombros del 24 de junio.
Que ese juicio coincida con la activación pre-electoral estadounidense de cara a las elecciones presidenciales de 2028 no es casual. La retórica sobre el juicio hará parte de la diatriba mediática y argumental de los candidatos, y por lo tanto el guión queda servido.
La justicia, si es real, no debería necesitar un año y medio de preparación ni un escenario en Manhattan. El juicio de Maduro será, para muchos, el termómetro de hasta dónde llegó la intervención de enero y hasta dónde está dispuesta a llegar. De momento el narcorégimen permanece intacto y operando, con Delcy siendo alabada por Trump. El 28 de julio de 2024 parece no haber existido jamás, no hay presidente electo legítimamente en Venezuela – el enclenque viejito come helado-, mismo que fue usurpado por Maduro y su primatefacética vicepresidenta, pero a la vicepresidente usurpadora – la de Maduro – se le reconoce. En el universo de lo ilógico no es de extrañar que nada acaba bien.
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