El Tuqueque Noticias
Pensamiento independiente, crítico y beligerante
No es un rumor de pasillo ni un hilo de X escrito a las tres de la madrugada. Es Axios. Es Bloomberg. Es Reuters. Es The Washington Post. El mismo 27 de agosto de 2026, en un solo día, Washington y Caracas confirmaron —sin confirmar del todo, que esa es la estética de este negocio— que Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez negocian un acuerdo petrolero de una escala que no se había visto en este continente desde que alguien decidió que el subsuelo de un país podía firmarse como si fuera un pagaré.
Lo llaman “masivo”. Un funcionario estadounidense, con esa afición yanqui por el adjetivo que no cabe en el diccionario, dijo que llamarlo enorme sería un eufemismo. Los campos en discusión no son “un pedacito”: más de una docena de yacimientos productivos, con unas 90 mil millones de barriles de reservas probadas, un trozo que por sí solo más que duplicaría las reservas de Estados Unidos. Bloomberg añade el detalle que convierte el asunto de energético en existencial: entre las fórmulas sobre la mesa se ha hablado de un arrendamiento de hasta 100 años. Reuters habla de una lista de 17 campos, Faja del Orinoco y Lago de Maracaibo incluidos, y advierte, con esa sequedad que solo tienen los cables, que el pacto podría chocar con la Constitución y terminar en tribunales.
Apartemos por un segundo el grito patriótico fácil. El petróleo venezolano está destrozado. La producción ronda 1,23 millones de barriles diarios, un rebote respecto al fondo, sí, pero una caricatura de lo que este país produjo cuando todavía tenía ingenieros, plantas y un Estado que no usaba a PDVSA como cajero automático de un partido. El chavismo quebró la industria. Eso no es opinión: es inventario. El problema no es que alguien quiera reactivar pozos. El problema es quién firma, qué se entrega, a cambio de qué y por cuántas generaciones.
Lo que sí se sabe y lo que deliberadamente no se sabe
Axios describe conversaciones lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El secretario de Energía, Chris Wright, se alista para viajar a Caracas. En el último mes ya hubo reuniones de altos funcionarios de Estado y Defensa en la capital. El relato oficial es pulcro: Estados Unidos toma una participación; empresas privadas —norteamericanas, se entiende— desarrollan los campos; Venezuela recibe más ingresos. Fin del cuento para niños.
Lo que no aparece en el comunicado imaginario es lo único que importa. Porcentaje. Titularidad. Duración. Sede de arbitraje. Quién controla la caja. Quién decide el destino de la renta. Si el Estado venezolano sigue siendo dueño del subsuelo o si se convierte en un arrendatario de su propio mapa. Si el “stake” es equity, concesión, joint venture, fideicomiso o ese invento jurídico que siempre aparece cuando hay que disfrazar una cesión. OFAC, mientras tanto, ensancha autorizaciones para invertir. La tubería legal se abre primero; el anuncio político llega después. Así se cocina esto.
Reuters añade una frase que debería colgarse en Miraflores y en el Capitolio: el acuerdo “podría plantear preguntas constitucionales y enfrentar desafíos legales”. En un país donde la Constitución ha sido papel higiénico durante un cuarto de siglo, esa advertencia suena casi romántica. Pero el punto es otro. Si el gobierno interino —no electo en una transición democrática plena, no surgido de un mandato popular claro, sino de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y de la sucesión de quien era su vicepresidenta— pretende hipotecar campos por décadas, el problema no es solo jurídico. Es de legitimidad. Un interinato puede administrar. Un interinato no debería vender el país a plazos de un siglo.
Cien años no es una cláusula: es una sentencia
Cien años. Hay que decirlo despacio. En 1926 Venezuela todavía negociaba su lugar en el mapa petrolero mundial. En 2026 se discute si otra potencia se asegura, bajo forma de arriendo, un pedazo estratégico de ese mismo mapa hasta 2126. Quien firme eso no está “reactivando la industria”. Está decidiendo el margen de maniobra de nietos que todavía no nacen.
Bloomberg aclara, con honestidad de agencia, que las conversaciones siguen y que los términos pueden cambiar. Bien. Que cambien. Que el “lease” de un siglo se caiga de la mesa. Porque si no se cae, el eufemismo de “participación mayoritaria” se convierte en otra cosa: control de largo aliento sobre territorio productor, con empresas estadounidenses operando, suministro garantizado hacia refinadores de la Costa del Golfo y una arquitectura política diseñada para que ese flujo no se interrumpa cuando cambie el inquilino de Caracas.
Eso último es el núcleo. Washington no está comprando barriles. Está comprando previsibilidad. Y la previsibilidad, en política, se paga con poder. El poder, en Venezuela, todavía vive en Miraflores, en el PSUV reciclado, en los servicios, en los jueces, en la Asamblea que en enero reformó la Ley de Hidrocarburos para desmontar el corsé chavista y abrir la puerta al capital extranjero. La reforma no es peccata minuta: elimina la obligación de que PDVSA sea socio mayoritario en todo, baja regalías, facilita arbitraje fuera del país. Es el andamiaje legal de la entrega. Delcy no lo improvisó. Lo legisló.
Qué puede pedir Delcy a cambio de algo tan grande
Esta es la pregunta que el usuario —y medio país— se hace con razón, y que los comunicados no van a responder. Delcy Rodríguez no es una tecnócrata caída de un avión del FMI. Es el aparato. Fue canciller, vicepresidenta, pieza central del chavismo civil, interlocutora de La Habana y de Moscú cuando convenía, y ahora presidenta encargada “con dolor” el 5 de enero, según su propia retórica, mientras Trump celebraba el golpe de mano que se llevó a Maduro a Nueva York acusado de narcoterrorismo.
¿Qué pide alguien así por 90 mil millones de barriles y, tal vez, un arriendo de un siglo?
No pide democracia. La democracia le quita el escritorio. No pide elecciones competitivas con árbitros independientes, porque ya conoce el resultado. No pide justicia transicional, porque la justicia transicional empieza por ella, por su hermano, por los militares que todavía sostienen el tablero, por la red de contratos, por los jueces, por los presos que no salieron todos, por los que sí salieron para la foto.
Pide tiempo. Pide impunidad. Pide reconocimiento. Pide que el “gobierno interino” deje de ser interino y se vuelva el orden permanente de la poscaptura. Pide que Washington prefiera un interlocutor conocido —aunque sea el mismo clan con corbata nueva— antes que una oposición que no controla cuarteles, ni aduanas, ni la geografía del petróleo. Pide que la “transición” se quede en la fase 2 para siempre: apertura económica sí, alternancia política no.
Eso no es teoría conspirativa. Es el incentivo más obvio de la mesa. Estados Unidos quiere petróleo barato, seguro y hemisférico mientras hay guerra en Irán, cuello de botella en Ormuz, Ucrania todavía sangrando y una Reserva Estratégica en su nivel más bajo en cuatro décadas. Delcy quiere no irse. El trueque se escribe solo. Petróleo por perpetuidad. Inversión por amnistía de facto. Reactivación por tutela.
Se dirá que hay un “plan de tres fases” para la estabilización, la recuperación, la reconciliación y la transición democrática. El Departamento de Estado lo recita. Muy bien. En Venezuela ya vimos planes de fases. El problema de las fases es que la última nunca llega si la primera le rinde al que tiene la llave.
Paperclip a la venezolana: no trajeron a von Braun, trajeron al bolichico
Aquí el paralelo histórico que circula estos días es deliberadamente desigual, y hay que decirlo sin maquillaje. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ejecutó la Operación Paperclip: reclutó científicos alemanes que habían servido al régimen nazi. Entre ellos, Wernher von Braun, el hombre de los V-2 que después puso a la NASA en la Luna. Fue una operación cínica, moralmente sucia y estratégicamente eficaz. Washington eligió el talento sobre el expediente. El argumento —nunca bonito— fue que ese cerebro no podía caer en manos soviéticas.
El ejercicio venezolano de 2026 no es de esa jerarquía. Nadie está reclutando al Einstein del Orinoco. El personaje que emerge en The Washington Post no es un científico. Es Alejandro Betancourt. El de Derwick. El de las plantas eléctricas adjudicadas sin concurso cuando todavía no cumplía 30 años. El de los contratos multimillonarios en medio de la “emergencia” chavista. El de las investigaciones por presunto lavado en Suiza, España y Estados Unidos, incluyendo la sombra de un esquema de préstamos que fiscales estadounidenses vincularon con el desfalco de más de mil millones de dólares a PDVSA. El primo, Francisco Convit, sí terminó en el expediente penal. Betancourt, hasta ahora, no ha sido acusado formalmente en esas jurisdicciones. Lo niega todo. Su abogado lo niega. Esa es la letra chica que siempre se esgrime: no hay cargos. Cierto. También es cierto que Suiza mantuvo investigación, pidió extradición, lo hizo arrestar en Londres, extendió orden de captura y le pidió al Departamento de Justicia que lo detuviera en territorio estadounidense. El DOJ no movió un dedo.
Según el Post, después del 3 de enero, altos funcionarios de Trump intercedieron ante Berna para que el caso se resolviera sin cargos penales y se levantaran las restricciones de viaje. Christopher Landau, subsecretario de Estado, habló con Exteriores suizo. Pam Bondi, entonces fiscal general, habló con su homólogo. Todd Blanche, entonces número dos del DOJ y hoy pieza central del aparato, participó en llamadas con fiscales suizos. El mensaje, según las fuentes, era nítido: Estados Unidos necesitaba que Betancourt pudiera viajar. En junio, Caleb Orr pidió al consulado en Londres una visa de entradas múltiples por un año. El empresario cruzó a Estados Unidos “en varias ocasiones” para reunirse con la Administración. En mayo, Suiza retiró la extradición en Reino Unido. La investigación, sin embargo, no murió. Solo se le hizo el favor geopolítico.
Mauricio Claver-Carone lo llamó “aliado importante”. Fuentes del Post dicen que tuvo un papel clave en los primeros contratos para reactivar el bombeo. Su compañía, North American Blue Energy Partners (NABEP), aparece como el segundo productor privado del país. De 18.000 barriles a cerca de 200.000 en dos años, según el relato de su entorno. Una fuente lo resume sin poesía: se está convirtiendo en “el gran oligarca de Venezuela”.
Eso no es Paperclip. Es algo más vulgar y más venezolano. No se importó genio. Se recicló al operador que ya conocía las tuberías del poder: los Rodríguez, el chavismo empresarial, los atajos, las oficinas donde se firman las cosas antes de que existan las leyes. Derwick no construyó la NASA. Contribuyó —junto con todo el saqueo eléctrico de esa década— a la geografía del apagón. El país se quedó a oscuras. Ellos no.
¿Hacía falta este intermediario? La pregunta del millón, o de los 90 mil millones. Washington dirá que sí: Venezuela es un terreno minado, hay que moverse rápido, hay que conocer a Delcy, hay que saber qué general abre la puerta y qué juez no la cierra. El realismo cínico siempre tiene ese argumento. El problema es que el realismo cínico, cuando se casa con el expediente de un bolichico, no produce República. Produce un protectorado con gerentes locales de confianza.
El estilo Trump no es nuevo: es el imperio sin el disfraz wilsoniano
Hay quien se escandaliza porque Trump no habla de “comunidad internacional” ni de “restauración democrática” con la voz temblorosa de 2019. Se escandaliza tarde. La doctrina que el propio entorno vende —ese “Donroe” de pacotilla, Monroe con apellido de reality— no promete tutores morales. Promete hemisferio. Promete energía. Promete que el crudo venezolano deje de ir a China y pase por cuentas y refinadores estadounidenses. Promete, en boca del presidente, que “vamos a cuidar lo que ellos necesitan”… después de decidir nosotros cuánto es eso.
Eso puede ser, para un estadounidense preocupado por Ormuz y por la gasolina, una política coherente. Para un venezolano que lleva 25 años oyendo que el petróleo es de la gente, es otra desposesión, solo que esta vez con bandera distinta y PowerPoint mejor diseñado. El chavismo nacionalizó para robar. El riesgo ahora es que se desnacionalice para compartir el botín con el gendarme. El pueblo, en ambos esquemas, sigue siendo figurante.
No se trata de romantizar a PDVSA. PDVSA fue convertida en partido, en sindicato, en maletín y en ruina. Chevron ya operaba con licencias. Conoco quiere volver. Exxon ha dicho, con brutalidad empresarial, que el país es “ininvertible” sin cambios profundos de marco legal. Esos cambios llegaron en enero, votados por una Asamblea que sigue siendo del chavismo. La ironía es perfecta: para atraer a las mayores, el régimen que juró soberanía petrolera tuvo que desarmar el altar de Chávez. Lo desarmó. Y ahora quiere cobrar el peaje político de esa conversión.
Soberanía, territorio y el eufemismo de “no es todo el país”
Se insiste en que no se trata de “todo” el territorio ni de “todas” las reservas. Venezuela declara unas 300 mil millones de barriles. El paquete en negociación sería un tercio de esa magnitud en reservas asociadas a campos puntuales. El consuelo es estadístico. El precedente no lo es.
Cuando una potencia toma participación dominante o arrienda por un siglo campos que concentran una fracción estratégica de la renta nacional, no necesita anexar el mapa escolar. Le basta con el mapa que produce dólares. El resto del país puede seguir discutiendo el precio del queso mientras la decisión estructural ya no se toma en Caracas, o se toma en Caracas bajo supervisión.
Hay una diferencia entre inversión extranjera y cesión geopolítica. La primera implica reglas, impuestos, caducidad, reversión, regulación, transparencia, licitación. La segunda implica que el socio es al mismo tiempo el policía, el banquero, el que tiene a Maduro en una corte de Nueva York, el que decide sanciones, visas, licencias OFAC y, según se ha reportado, hasta el destino de ciertos empresarios con causas abiertas en Europa. Esa asimetría no se cura con un comunicado sobre “beneficio mutuo”.
Si el acuerdo es tan bueno para el pueblo venezolano, que se publique entero. Campos, porcentajes, duración, royalties, destino de la renta, mecanismo de auditoría, cláusula de reversión, sede de disputas, incompatibilidad con funcionarios y testaferros. Si no se publica, la opacidad no es un detalle: es el diseño.
El intermediario útil y la moral de conveniencia
The Washington Post no inventó a Betancourt. El País ya lo había descrito como el millonario investigado que conecta a Delcy con Trump. Caracas Chronicles documentó campañas digitales que lo defienden y agreden a quienes lo investigan, con el bonus de atacar a María Corina Machado. El patrón es conocido: cuando el operador se vuelve indispensable, aparece la fábrica de reputación.
Uno puede sostener, desde un realismo extremo, que en un país destruido hay que usar las tuberías que existen. También se puede sostener que un proyecto de país que empieza por blanquear al que mejor aprendió a nadar en el barro chavista no es transición: es continuidad con otros accionistas. El Tuqueque Noticias no está en el negocio de beatificar opositores ni de canonizar a Washington, ni lo hará. Está en el de señalar el insecto en la pared. Y el insecto, hoy, tiene dos cabezas: la prisa imperial por el crudo y la prisa chavista por no perder el palacio.
Betancourt “cae parado”, como dicen los que admiran esa gimnasia. El gato tiene cuatro patas. El país, no. El país se quedó sin luz, sin refinación, sin clase media, sin millón y medio de barriles que se evaporaron entre incompetencia, corrupción y sanción. Ahora se nos vende la tesis de que el mismo ecosistema de operadores que medró en esa decadencia es el único capaz de “hacer que las cosas pasen”. Es el argumento del hombre indispensable. Todos los desastres venezolanos han tenido uno.
Lo que queda para el que vive aquí
Hay un escenario en el que el acuerdo sube producción, baja apagones, llena tanquillas, atrae taladros y pone algo de dinero en hospitales. Ese escenario no es imposible. El hambre no se debate en seminarios de soberanía. Quien haya hecho cola por un bombillo o por un tanque de gas entiende la tentación de firmar lo que sea.
Hay otro escenario, más probable si la historia venezolana sirve de algo: la renta se recompone, los socios foráneos recuperan inversión, los intermediarios locales se vuelven intocables, el gobierno interino se eterniza como “estabilidad”, las elecciones se posponen en nombre de la reconstrucción, y el venezolano de a pie ve el petróleo en titulares y no en su sueldo. Cuba deja de recibir el subsidio de siempre; China pierde posición; Rusia se queda con las fotos viejas; Estados Unidos se queda con el crudo pesado que sus refinadores saben cocinar. El PSUV aprende a hablar de “apertura”. Y la democracia, esa dama tan citada en Miami y tan poco invitada a las reuniones de campos, espera afuera.
La captura de Maduro no era, para millones, un capricho imperial. Era la posibilidad —sucia, irregular, geopolítica— de romper un secuestro de un cuarto de siglo. Si esa ruptura termina en un condominio entre Trump y Delcy, con Betancourt de portero, entonces no hubo ruptura. Hubo recambio de administrador.
Preguntas que un país serio haría antes de firmar
Un país serio preguntaría si un gobierno nacido de una sucesión de emergencia puede gravar el subsuelo por un siglo. Preguntaría quién audita. Preguntaría qué pasa con los campos que eran de “insiders” venezolanos indagados y de intereses chinos: se nacionalizan, se confiscán, se reasignan a dedo, se licitan de verdad. Preguntaría por qué el intermediario estrella es alguien a quien Suiza quería preso y Washington prefiere de visita. Preguntaría qué garantías hay de que la renta no vuelva a la misma red. Preguntaría si María Corina, Edmundo, los partidos, los sindicatos petroleros, las academias y las comunidades de la Faja tienen asiento o solo comunicado. Preguntaría si “controlar las ventas y depositar en cuentas estadounidenses”, como se ha prometido, es protección contra el saqueo o tutela sobre la soberanía fiscal.
Un país serio publicaría el contrato. Este país, de momento, publica filtraciones.
No es el evento del siglo si el siglo lo firman los mismos
Puede que este sea, en efecto, el movimiento económico más grande de Venezuela en lo que va de centuria. También puede ser el más caro en términos políticos. La magnitud no lava el método. El método es el de siempre: élites negociando el mapa a puerta cerrada, pueblo enterándose por Axios y por un tuit de Bloomberg, moral suspendida porque “hay que ser prácticos”.
La Operación Paperclip al menos produjo cohetes y una agencia espacial. La operación Paperclip a la venezolana amenaza con producir otra casta. Menos ciencia, más palanca. Menos Luna, más comisión. Menos von Braun, más Derwick.
Si Delcy entrega campos por décadas y recibe a cambio el derecho a quedarse, el anuncio no será el de la recuperación nacional. Será el de la refundación del chavismo bajo protectorado energético. Un chavismo que ya no recita a Chávez, que ya no necesita a Maduro, que ya no habla de socialismo del siglo XXI, pero que conserva lo único que le importó siempre: no soltar el Estado.
Estados Unidos tiene derecho a perseguir su interés. Venezuela, si todavía existe como idea, tiene el deber de no confundir inversión con capitulación y aliado con dueño. El petróleo puede reconstruir el país. También puede comprar la impunidad de quienes lo destrozaron. La diferencia no está en el comunicado. Está en si el acuerdo se somete a luz pública, a límite temporal razonable, a reversión clara y a una transición política que no sea un eufemismo de “Delcy hasta que deje de convenir”.
El Tuqueque Noticias, inspirado en ese bicho pequeño que limpia la pared sin pedir permiso, no está aquí para aplaudir el taladro ni para recitar consignas antiyanquis de 2002. Está para decir lo que el comunicado no dice: que un arriendo de un siglo no se improvisó para la democracia, y que un intermediario con orden de captura suiza no se volvió indispensable por su virtuosismo cívico. Se volvió indispensable porque conoce la cerradura.
Si este es el gran acuerdo, que lo firmen de frente. Si no pueden firmarlo de frente, es porque saben exactamente qué están cambiando por petróleo: no solo barriles. El tiempo. El poder. La posibilidad de que Venezuela deje, por una vez, de ser un yacimiento con gente adentro.
Ver también:
Venezuela se apaga a diario y la mesa que prefiere el oro a los presos políticos
Consejo Editorial de El Tuqueque Noticias
Equipo multidisciplinario de periodistas y analistas especializados en política, entretenimiento, deportes, variedades, astrología, seguridad y geopolítica, comprometidos con la verificación de hechos y la libertad de información en entornos de riesgo.