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El tablero político venezolano acaba de recibir una sacudida que muchos veían venir, pero pocos se atrevían a dimensionar. Bajo el barniz de un «ajuste pragmático» por parte de la administración estadounidense, el Departamento del Tesoro, vía la OFAC, ha decidido abrir las compuertas financieras que mantuvieron al régimen chavista en un ayuno forzado de divisas internacionales.

Las nuevas Licencias Generales N° 56 y 57 no son simples permisos técnicos; son el reconocimiento de un nuevo statu quo donde la supervivencia del sistema chavista bajo el «Rodrigato» parece haber sido aceptada como una variable inevitable en la ecuación energética global de 2026. Con la firma de Bradley T. Smith, el Palacio de Miraflores —y específicamente la gestión de Delcy Rodríguez— recupera el acceso a las arterias vitales del sistema financiero del cual fueron extirpados años atrás.

Alfombra roja comercial: La Licencia General 56 y el retorno de las licitaciones

La Licencia General N° 56 actúa como el protocolo de reingreso de Venezuela al mercado corporativo formal. Al autorizar la negociación de contratos, memorandos de entendimiento y, lo más crucial, la participación en licitaciones públicas, la OFAC está permitiendo que el Estado venezolano vuelva a sentarse a la mesa con las grandes transnacionales.

Si bien la ejecución final de cada contrato aún pende del hilo de una autorización individual, el mensaje para las corporaciones estadounidenses e internacionales es claro: «pueden empezar a ofertar». Esto reduce drásticamente el riesgo reputacional y legal para las empresas que deseaban volver a los campos petroleros y proyectos de infraestructura, pero temían el mazo de las sanciones. Sin embargo, en una economía donde el Estado es el principal cliente y también el principal árbitro, esta apertura plantea una duda razonable: ¿estamos ante una competencia libre o ante el reparto de cuotas entre los aliados económicos de la cúpula?

El sistema financiero recupera el aliento: ¿Oxígeno para quién?

Si la LG 56 es el permiso para hacer negocios, la Licencia General N° 57 es la billetera para pagarlos. Esta medida es, quizás, la más audaz y controvertida de este paquete de alivio. Al reconectar al Banco Central de Venezuela (BCV) y a los principales bancos estatales (Venezuela, Digital de los Trabajadores y del Tesoro) con el sistema financiero global, se elimina el costoso y opaco laberinto de intermediarios que el chavismo usó para evadir el cerco.

La autorización para operaciones ACH, transferencias Wire, servicios de banca corresponsal en dólares y el uso de tarjetas de crédito devuelve a estas instituciones una funcionalidad que habían perdido por completo. Para el ciudadano común, esto podría significar una facilitación en el envío de remesas y una estabilización cosmética del consumo. Pero para el Estado, significa que los pagos por la venta de petróleo ahora circularán por el sistema bancario con libertad, reduciendo los costos de transacción que antes devoraba la intermediación informal. La pregunta es si este flujo de divisas llegará a los hospitales, a la recuperación de la infraestructura eléctrica, o si se quedará aceitando la maquinaria de control social.

El veto a los aliados incómodos: El cerco geopolítico persiste

A pesar de la generosidad de estas licencias, el Departamento del Tesoro ha dejado claro que este «perdón» no es para todos. Las limitaciones estrictas incluidas en la LG 56 actúan como un cortafuegos geopolítico. Queda prohibida cualquier transacción que involucre a los socios estratégicos del chavismo: Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, así como entidades bajo control de la República Popular China.

Este detalle no es menor. Washington está forzando al régimen venezolano a elegir entre la lealtad ideológica a sus aliados del «eje del mal» y la conveniencia pragmática de los dólares estadounidenses. Al excluir también a las personas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), la OFAC intenta quirúrgicamente separar los beneficios institucionales de los beneficios personales de los jerarcas sancionados. No obstante, en un sistema donde la frontera entre el patrimonio público y el privado es casi invisible, esta distinción parece más un requisito legal que una realidad operativa.

¿Crecimiento real o maquillaje para un modelo agotado?

La gran interrogante que queda en el aire es si estas medidas auguran un crecimiento económico genuino o si son simplemente una táctica de supervivencia para un modelo que no ha renunciado a su naturaleza autoritaria. El hecho de que el BCV pueda inyectar divisas de forma directa al sistema bancario ayudará, sin duda, a frenar la volatilidad cambiaria en el corto plazo, pero no soluciona la falta de confianza jurídica que espanta a la inversión de largo aliento.

Hablar de «crecimiento» en una Venezuela bajo el régimen chavista requiere matices. Lo que veremos probablemente sea una reactivación de enclaves económicos: sectores específicos vinculados a la energía y los servicios financieros que florecerán mientras el resto de la economía sigue asfixiada por la burocracia y la falta de servicios básicos. Estas licencias son un triunfo político para el chavismo, que ha logrado que el mundo se adapte a sus términos. El crecimiento que viene no es el de un país que se normaliza, sino el de un régimen que ha aprendido a monetizar su resistencia, ahora con el sello de aprobación de la OFAC.

El crecimiento: ¿Promesa firme o desafío pendiente?

La reactivación de las exportaciones petroleras, principal motor de la economía venezolana, es la esperanza más palpable de crecimiento. Con la flexibilización de las sanciones, se espera un aumento en la producción y exportación de crudo, lo que se traduciría en una inyección significativa de divisas para el país. El Fondo Monetario Internacional esbozó un escenario de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año, estimando cifras que, aunque modestas en comparación con el declive previo, representarían una recuperación tras años de contracción económica. Esto podría traducirse en mayor capacidad de importación de bienes y servicios, y una posible mejora en la oferta de productos básicos.

Sin embargo, el camino hacia un crecimiento económico robusto y sostenible está plagado de desafíos estructurales que trascienden las sanciones. La infraestructura petrolera, minera y de servicios públicos está deshecha. La fuga de cerebros y la pérdida de capital humano calificado, la inseguridad jurídica para la inversión, la corrupción endémica y la falta de diversificación económica son problemas arraigados que no se resuelven con la mera suspensión de las sanciones. Eso tomará décadas de arreglo siempre y cuando el régimen chavista no siga en el poder, de lo contrario jamás se arreglará y eso todos lo sabemos. La capacidad de Venezuela para aumentar significativamente su producción y atraer la inversión necesaria para una verdadera reconstrucción sigue siendo una incógnita.

Finalmente, la gran pregunta es si este potencial crecimiento se traducirá en una mejora real y tangible en la calidad de vida del venezolano promedio. La hiperinflación, la dolarización de facto y la precarización del salario han diezmado el poder adquisitivo de la población. Para que el crecimiento sea inclusivo y sostenible, se requieren políticas económicas transparentes, un marco institucional sólido y una distribución equitativa de los beneficios. Sin estas condiciones, el riesgo es que cualquier repunte económico se concentre en unos pocos sectores o manos, sin permear a la mayoría de la población, dejando a la promesa de crecimiento como un desafío pendiente en la agenda social.

Es imperativo abordar esta situación con una perspectiva crítica y realista. Estamos ante una tregua, no ante una solución definitiva. El verdadero crecimiento económico, que se traduzca en bienestar para todos los ciudadanos, exige mucho más que la buena voluntad de la OFAC; requiere un compromiso genuino con la estabilidad política, reformas económicas estructurales profundas y una gobernanza transparente que reconstruya la confianza interna y externa. El camino es largo y su éxito dependerá, en gran medida, de las decisiones internas que se to tomen en este momento crucial.

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