ProPublica revisó el texto de 18 páginas del acuerdo estratégico que Marco Rubio y Pete Hegseth firmaron por Estados Unidos con North American Blue Energy Partners (NABEP). El documento, marcado como “sensible” y con cláusula de confidencialidad, revela un diseño que privilegia intereses estadounidenses en casi cada cláusula y blinda a un grupo reducido de personas elegidas por la administración Trump. El papel del gobierno venezolano y los beneficios concretos para su población aparecen poco o nada.
Abordaremos aquí lo que sin duda tiene toda la nefasta apariencia y espíritu de un contrato leonino, además de inmoral, en la cabeza del nefasto bolichico cocausante de la debacle eléctrica del país, quien luce más como un vulgar presunto testaferro que otra cosa.
Un socio con investigaciones abiertas y un muro de protección
El socio central es Alejandro Betancourt, empresario venezolano de 46 años que ha sido objeto de investigaciones por lavado de dinero en tres países, aunque nunca ha sido formalmente acusado. La administración Trump adquiere una participación del 35 % en la matriz de NABEP registrada en Barbados. El acuerdo protege la posición de Betancourt como director ejecutivo y establece que el gobierno estadounidense trabajará con la matriz para nombrar un consejo de siete miembros por un término inicial de 15 años. Personas familiarizadas con las negociaciones dicen que esa estructura busca impedir que futuros presidentes estadounidenses o venezolanos desmantelen el proyecto.
Orlando Alvarado, cercano a Betancourt y no mencionado públicamente por la Casa Blanca como parte del acuerdo, firmó el documento junto a él, Hegseth y Rubio. Alvarado ha ocupado cargos de alto nivel en empresas de Betancourt; el Miami Herald reportó que fiscales federales lo identificaron como co-conspirador no acusado en un esquema para desviar fondos de Pdvsa. El portavoz de NABEP afirma que ni Betancourt ni Alvarado han sido acusados de delito en ningún país y que las reclamaciones en su contra carecen de fundamento. Sí amigo lector, imaginamos que en este punto también Usted debe estar conmovido por esto.
No hay requisito de que el gobierno venezolano tenga representación en el consejo. La mayoría de los siete miembros debe ser ciudadana estadounidense en todo momento. Para destituir a Betancourt como CEO o cambiar la composición del consejo se necesita una supermayoría de cinco votos. El acuerdo no exige divulgaciones públicas sobre compensación de ejecutivos ni sobre la distribución de acciones. Bajo la ley de Barbados, casi nada obliga a revelar quiénes son los accionistas o afiliados detrás de la matriz. El documento exige controles contra lavado de dinero, auditorías externas e inspecciones por el gobierno estadounidense, pero no queda claro si esos informes se harán públicos.
Lo que se vende y lo que el texto no garantiza
Trump anunció el “mayor acuerdo petrolero de la historia” y habló de asegurar la dominancia energética estadounidense por el próximo siglo. El texto indica que los derechos de compra preferente de Estados Unidos expiran en la mitad de ese plazo. Las concesiones operativas de 100 años que la Casa Blanca atribuye a NABEP sobre 17 campos con unos 65.000 millones de barriles parecen chocar con la legislación venezolana, que limita las concesiones petroleras a 25 años. Delcy Rodríguez ha dicho que el acuerdo es de 25 años y que la soberanía sobre los recursos permanece en Venezuela. El texto del acuerdo no menciona el plazo de 100 años.
El acuerdo sí otorga a Estados Unidos el derecho a comprar el 20 % del petróleo de NABEP a 30 dólares el barril, un descuento profundo respecto del mercado reciente. No incluye, sin embargo, el costo de sacar el crudo pesado venezolano del país. Gran parte de ese crudo requiere mezclarse con diluyentes (alrededor del 20 % o más) para fluir por tuberías. Ese costo potencial no está contemplado en el precio de 30 dólares. NABEP dice que mucho de su petróleo requiere poco o ningún diluyente y que la economía del barril es sólida. Washington tiene además “primera prioridad” para comprar el resto de la producción durante 50 años y un derecho irrevocable a adquirir toda la oferta si declara emergencia nacional. También recibe estatus de “nación más favorecida”: si NABEP firma acuerdos más ventajosos con otros, debe ofrecer los mismos términos a Estados Unidos.
El texto no garantiza de manera explícita los 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos que la Casa Blanca dijo que Venezuela recibiría en 25 años. Un funcionario estadounidense señaló que Rodríguez otorgó concesiones de 100 años, aunque esa cifra no aparece en el acuerdo y contradice la legislación venezolana vigente.
Producción real y el muro contra el futuro
NABEP produce hoy unos 200.000 barriles diarios. Apunta a 500.000 para finales de 2028. Aun alcanzando esa meta, pasarán años antes de que su volumen represente una porción estadísticamente relevante del consumo estadounidense. El acuerdo se diseñó, según personas que conocen las negociaciones, para maximizar el control de quienes lo armaron y aislarlo de administraciones futuras que quieran revertirlo o cuestionarlo. La estructura de warrants del Pentágono (derechos de compra a precio simbólico) protege la participación del 35 % de dilución por nuevas rondas de capital. El gobierno estadounidense no tiene obligación de revelar quiénes son los inversionistas privados detrás de la matriz barbadense que pueden beneficiarse enormemente.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y NABEP defienden el acuerdo. Dicen que aporta beneficios económicos duraderos a ambos países que no se capturan en un documento legal, que ayuda a estabilizar la economía venezolana tras años de hiperinflación y falta de inversión, y que más que duplica las reservas petroleras estadounidenses. El portavoz de NABEP insiste en que la empresa fue elegida por su historial de expansión de producción en Venezuela y que el acuerdo es entre la compañía y el gobierno de Estados Unidos, no con Venezuela. Más descaro imposible.
Críticos en la oposición venezolana y demócratas en el Congreso cuestionan la elección de Betancourt y con toda razón. Un exembajador de Estados Unidos en Caracas dijo que la primera pregunta en un nuevo Congreso será por qué él recibió este trato y si estuvo involucrado en actividades criminales. El acuerdo, marcado como sensible y con cláusula de confidencialidad que prohíbe a la empresa revelar su existencia y términos, se construyó en parte precisamente para ofrecer la privacidad y flexibilidad que una compañía pública cotizada no podría dar. Chevron, por ejemplo, no podría ceder el 35 % de sus acciones al Pentágono.
El Tuqueque no celebra ni condena de antemano, pero mantiene su postura crítica clara y sin concesiones. El texto que ProPublica obtuvo muestra un diseño que blinda a un socio con historial de investigaciones, protege la posición de un grupo reducido de personas y privilegia derechos de compra y control estadounidenses, mientras los beneficios fiscales concretos para Venezuela y la participación formal del Estado venezolano en la gobernanza aparecen débiles o ausentes. Las reservas están bajo tierra. Bajo tierra venezolana. La electricidad y la infraestructura siguen rotas. El acuerdo puede atraer capital o convertirse en un litigio futuro cuando cambien los gobiernos y con casi total seguridad ocurrirá un escenario litigioso cuyas consecuencias serán terribles para los individuos involucrados. Lo que el documento deja claro es que se armó para que cambiarlo no sea sencillo, pero nada es intocable ni permanente en la vida.
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