Imaginen que el gobierno les ofrece la posibilidad de obtener un crédito para poder estudiar y así cumplir con sueños y metas de vida. Imaginen que ese crédito se los aprueban en condiciones muy favorables, a varios años, lo que les permitirá pagarlo y lograr una importante mejora en la calidad de vida.
Ahora imaginen que sobreviene una pandemia que paraliza toda la productividad y los deja sin percibir ingresos por más de dos años. Imaginen ahora que el gobierno les cambia las reglas de juego y les exige pagar en muy corto tiempo, o corren el riesgo de que quienes sirvieron de garantes hipotecarios del crédito pierdan sus inmuebles, y ustedes como deudores no salgan nunca más del buró crediticio, impidiéndose surgir como cualquier otro ciudadano normal. Eso es exactamente el drama que atraviesan miles de familias en Ecuador en este momento.
Hace ya unos años el estado ecuatoriano ofrecía créditos para estudiantes con la finalidad de que accedieran a cubrir sus estudios y formarse como profesionales. El ente oficial a través del cual se administraba todo lo relativo a esos créditos era el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE.
Todo iba bien en líneas generales, hasta que con los sucesivos cambios de gobierno (Correa-Moreno-Lasso) los cambios en la administración pública también ocurrieron. Uno de esos cambios fue la desaparición del IECE, marcando con ello el comienzo de un calvario para los deudores de dicha entidad.
Las cosas se agravaron aún más con la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo de 2018, el cual establece un nuevo procedimiento a aplicar en casos en que exista mora en el cumplimiento de obligaciones contraídas con el estado.
Como podrán comprender, los deudores del crédito educativo lo son del estado ecuatoriano, por lo que la aplicación de este procedimiento de cobro forzoso -conocido como coactivas – recaería sobre ellos. Así de una manera a todas luces inconstitucional comenzó a afectarse por vía de ley la situación de estos deudores y sus garantes, amenazando de violación de derechos fundamentales a todo un colectivo de familias ecuatorianas que confiaron en el estado ecuatoriano.
Con la desaparición del IECE la cartera de créditos educativos fue traspasada a un banco – Banco del Pacífico – en condiciones cuya legalidad es cuestionable. Esta situación generó un estado de indefensión por tratarse de una suerte de nuevo acreedor con el cual deberían entenderse los deudores del crédito educativo.
Pero las cosas no terminan allí. Las condiciones de reestructuración de deuda que fueron surgiendo a raíz de la creciente situación de mora en la que miles de estos deudores educativos cayeron por dificultades laborales, principalmente derivadas de su condición de estudiantes y en especial agravadas por el impacto de la pandemia de virus chino en la economía ecuatoriana, han resultado ser una auténtica catástrofe.
A los deudores se les reduce el plazo del pago de sus deudas a 24 meses, cuando se pactaron originalmente a más de 10 años, y en muchos casos las cuotas que un estudiante debía pagar, que oscilaban en un promedio de 300 dólares mensuales, pasan a ser cuotas exorbitantes de varios miles de dólares que resultan imposibles de pagar.
Por otra parte las condiciones en cuanto a tasa de interés empeoraron también. Los créditos educativos tenían una tasa de 7.5%, y ahora con las reestructuraciones esa tasa se ubica en 9.5%, tasa más alta que la de la banca privada. Incluso el año de gracia que se dio por ley en virtud de la situación económica derivada por los efectos de la pandemia de virus chino en la economía ecuatoriana, no se tomó en cuenta en la realidad, ya que se les está computando ese año en la mora a los deudores.
La mora con el nuevo procedimiento ejecutivo – coactivas – complica aun más la situación, porque tiene implicaciones terribles: congelamiento de cuentas bancarias de deudor y garante, impedimento de trabajar en entidades públicas a los deudores, mala calificación crediticia en el buró de crédito afectando las posibilidades de acceder a créditos en el sistema financiero y la posibilidad de obtener una línea de crédito ante cualquier comercio; posibilidad de ejecución de la hipoteca para los garantes – y pérdida de sus inmuebles -, y en general un grave estado de indefensión que están padeciendo miles de familias.
El drama de esta situación lo recoge en una carta pública al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, y publicada en Twitter, un estudiante que obtuvo su respectivo crédito educativo, y hoy se encuentra en condiciones de gran angustia ante la realidad abrumadoramente injusta que está atravesando:
“Mi nombre es Allan B. y soy uno de los 20 mil chicos que sacaron crédito con el IECE para estudiar una carrera y ahora están en problemas. Saqué mi crédito con una entidad que ya no existe (IECE) y que pasa de mano en mano, con cambios al antojo de los nuevos dueños de la deuda y me han dicho 8 valores diferentes.
¡Nunca me han dado una respuesta clara y concisa de lo que debo! La tasa de interés subió del 7.5 al 9.5 más alto que la banca privada, cuando se supone que si es un crédito del estado que busca el beneficio de los ciudadanos debería tener tasas de interés más bajas.
Después de la pandemia nunca hubo una verdadera ayuda, no cambiaron los intereses ni los plazos, sabiendo que mucha gente perdió sus trabajos cuando se supone que si es un crédito del estado que busca el beneficio de los ciudadanos debería tener tasas de interés más bajas.
Y es absurdo y CRUEL que una entidad del gobierno que se supone está para buscar el beneficio de su población tenga procesos tan rígidos y estrictos, como un juicio de coactivas.
!No puedo pagar en un mes $14.000 y no es justo que la gente que me ayudócomo garante, pierda su departamento!!
Queremos renegociar Sr Presidente, AYÚDENOS, SE LO RUEGO!!”
Más del 50% de las cuentas que obtuvieron crédito educativo con el IECE se encuentran en mora, sumando más de 14 mil personas – con sus garantes, al menos 28 mil familias afectadas – y en total unos 181 millones de dólares.
Los afectados por esta situación han ido buscando hacerse escuchar, e incluso se han agrupado en un colectivo que se hace llamar “Colectivo de Afectados por los Créditos Educativos”.
Lo que buscan es que se tomen en consideración las graves situaciones derivadas de la nueva realidad que atraviesa el Ecuador. Han ocurrido circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor como la pandemia, que afectaron a muchos y los llevaron a dejar de percibir ingresos, o peor aún, todavía se encuentran sin empleo.
.”Es un tema de voluntad política”, según ha explicado el Ing. Carlos Jaramillo, quien es representante del Colectivo de Afectados por Créditos Educativos, AFEIECE.
Las opciones de búsqueda de defensa ante la injusticia sobrevenida pasan desde intentar las acciones judiciales respectivas de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, hasta la intervención directa del Poder Ejecutivo del Ecuador.
Se espera de parte del presidente Lasso, quien ha sido banquero, la total comprensión y apoyo efectivo a las miles de familias que atraviesan esta angustiante situación cuyo impacto social y sus consecuencias, son impredecibles.
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