El gobierno de Italia ha aprobado una reforma significativa en la legislación que regula la concesión de la nacionalidad italiana a descendientes de ciudadanos italianos residentes en el extranjero.Italia Limita la Nacionalidad a Descendientes.
Italia Limita la Nacionalidad a Descendientes desde ahora
Italia Limita la nacionalidad a descendientes con la adopción de esta nueva medida que entró en vigor en marzo de 2025, y la cual responde a la creciente preocupación por el aumento exponencial de solicitudes, particularmente desde países de Sudamérica como Argentina, Brasil y Uruguay, donde millones de personas cuentan con ascendencia italiana debido a las olas migratorias de los siglos XIX y XX.
Las nuevas restricciones buscan frenar lo que las autoridades han calificado como una “comercialización” de la ciudadanía italiana, así como garantizar que quienes la obtengan mantengan un vínculo genuino con el país. A continuación, se exploran los detalles de esta reforma, sus implicaciones y las reacciones que ha generado.
Nuevos límites generacionales y requisitos de vínculo
Uno de los cambios más destacados de la reforma es la limitación de la concesión automática de la nacionalidad a solo dos generaciones: los hijos y nietos de italianos nacidos en Italia.
Anteriormente, la ley permitía que cualquier descendiente directo, sin importar cuántas generaciones hubieran pasado, pudiera reclamar la ciudadanía italiana por derecho de sangre (ius sanguinis), siempre que demostrara la línea de ascendencia ininterrumpida.
Este sistema había dado lugar a casos en los que bisnietos, tataranietos e incluso descendientes más lejanos solicitaban la nacionalidad, a menudo sin haber visitado Italia ni hablar el idioma.
Además, la nueva normativa introduce un requisito inédito: los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el extranjero deberán demostrar “vínculos reales” con Italia al menos una vez cada 25 años. Esto implica ejercer derechos o cumplir deberes concretos, como votar en elecciones italianas, pagar impuestos en el país o registrar actos civiles (como matrimonios o nacimientos) en un municipio italiano. Quienes no cumplan con este requisito podrían perder su estatus de ciudadanos, una medida que, según el gobierno, busca evitar que la nacionalidad se convierta en un mero trámite administrativo o un “pasaporte de conveniencia” para acceder a los beneficios de la Unión Europea.
Reestructuración del proceso de solicitud
Otro cambio trascendental es la reubicación del proceso de solicitud de nacionalidad. Hasta ahora, los consulados italianos en el extranjero eran los encargados de recibir y tramitar las solicitudes, pero el volumen de demandas —en algunos casos, con listas de espera de hasta 10 años— había colapsado el sistema.
En Argentina, por ejemplo, se estima que más de un millón de personas estaban en proceso de obtener la ciudadanía italiana en 2024, lo que generó demoras masivas y denuncias de irregularidades, como la venta de turnos por parte de gestores.
Con la reforma, las solicitudes deberán presentarse ante un nuevo ente especializado del Ministerio de Exteriores, con sede en Roma, que centralizará y supervisará el proceso. Este organismo contará con personal capacitado para verificar la autenticidad de los documentos y evaluar los vínculos de los solicitantes con Italia. Así Italia limita la nacionalidad a descendientes centralizando un proceso que promete ser engorroso y difícil.
Aunque el gobierno asegura que esta medida agilizará los trámites y reducirá la corrupción, críticos advierten que podría generar mayores trabas burocráticas para los descendientes que viven a miles de kilómetros de Italia, especialmente en regiones con menor acceso a recursos digitales o económicos.
La burocracia sólo se pondría más cuesta arriba ahora que Italia limita la nacionalidad a descendientes.
Implicaciones y reacciones a nivel global
La reforma ha desatado un intenso debate tanto en Italia como en las comunidades de la diáspora italiana. El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, defendió las medidas como un paso necesario para “proteger la integridad de la nacionalidad italiana” y evitar abusos, como la obtención de pasaportes europeos por parte de personas sin intención de contribuir al país.
“La ciudadanía no es un producto que se compra en el mercado; es un vínculo de identidad y pertenencia”, afirmó Tajani en una conferencia de prensa el pasado 25 de marzo de 2025 en la que justifica por qué Italia limita la nacionalidad a descendientes a partir de ahora.
Sin embargo, las nuevas restricciones han generado críticas entre los descendientes de italianos en el extranjero, quienes consideran que se les está privando de un derecho histórico. En países sudamericanos, donde la ciudadanía italiana ha sido vista como una puerta hacia mejores oportunidades económicas y de movilidad en Europa, asociaciones de ítalo-descendientes han anunciado protestas y posibles demandas legales. “Mis abuelos construyeron Argentina con su esfuerzo, pero nunca olvidaron Italia. Ahora nos cierran la puerta en la cara”, lamentó María Rossi, una solicitante de Buenos Aires cuya petición podría ser rechazada bajo las nuevas reglas, ya que ahora Italia limita la nacionalidad a descendientes.
A nivel europeo, la medida también podría tener implicaciones geopolíticas. La reducción en el número de nuevos ciudadanos italianos limitará el acceso de personas de fuera de la UE a derechos como la libre circulación y el trabajo en los 27 países miembros, lo que algunos analistas interpretan como parte de una tendencia más amplia de endurecimiento migratorio en el bloque.
Por otro lado, expertos en demografía señalan que Italia, un país con una población envejecida y una baja tasa de natalidad, podría estar perdiendo una oportunidad de revitalización al cerrar las puertas a su diáspora.
El caso de cónyuges extranjeros de italianos
Aunque Italia limita la nacionalidad a descendientes desde ahora, la posibilidad de que los cónyuges de ciudadanos italianos puedan seguir aspirando a obtener la nacionalidad italiana en 2025 sigue siendo viable, pero está sujeta a ciertas condiciones y requisitos que se han mantenido consistentes en los últimos años, según la legislación italiana vigente, en particular la Ley 91 de 1992 y sus actualizaciones.
Sin embargo, la reforma implementada por el gobierno italiano en marzo de 2025, se centra principalmente en restringir la nacionalidad por descendencia (ius sanguinis) y no aborda directamente los casos de nacionalidad por matrimonio.
En definitiva Italia limita la nacionalidad a descendientes desde ahora. Si bien el gobierno defiende que estas medidas preservarán el valor de la ciudadanía, las críticas sugieren que podrían alienar a millones de personas que ven en sus raíces italianas una parte fundamental de su identidad. El impacto real de esta legislación se hará evidente en los próximos años, a medida que los nuevos requisitos entren en plena aplicación.
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