Nueva York le suma a Maduro y a Cilia el cargo que el régimen nunca admitió
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Nueva York le suma a Maduro y a Cilia el cargo que el régimen nunca admitió: tortura

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El 8 de octubre el FBI de Nueva York y el Departamento de Justicia anunciaron una acusación formal superseding contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro. Desde el 3 de enero estaban detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, enfrentando cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos.

El nuevo cargo es conspiración para cometer tortura. El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, y el director del FBI, Kash Patel, lo hicieron público el mismo día en que Cilia Flores pedía libertad bajo fianza por problemas de salud. El juez Alvin Hellerstein se la negó. El juicio está fijado para el 1 de junio de 2027.

La acusación describe un sistema de represión que, según los fiscales, operó durante más de dos décadas. Maduro y Flores “presidieron un sistema de opresión y tortura” que incluía detenciones arbitrarias y el maltrato de opositores, disidentes y, en varios casos, ciudadanos estadounidenses. El documento habla de electrocución, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, inanición, celdas de castigo y tortura psicológica, incluidas amenazas de dañar o matar a familiares, incluso niños.

Casos concretos que aparecen en la acusación

Uno de los estadounidenses fue detenido al entrar a Venezuela. Según la acusación, fue privado de comida y agua, sometido a ahogamiento simulado, golpes repetidos, descargas eléctricas en los testículos e inyecciones forzadas que le provocaron convulsiones. Otro recibió descargas en brazos, piernas y genitales, fue asfixiado y golpeado; un oficial le cubrió la cara, le vertió un líquido nocivo que lo hizo vomitar y lo obligó a tragar el vómito. Un tercero, detenido en 2025, fue golpeado aproximadamente cada media hora durante días y quedó con daño permanente en un ojo. En uno de los casos, un captor le dijo a la víctima que seguía vivo porque su ciudadanía estadounidense lo hacía útil para un posible intercambio de prisioneros con Washington.

No se limita a extranjeros. La acusación incluye a funcionarios venezolanos. En un caso de 2010, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana torturaron a un oficial sospechoso de deslealtad dentro de un tráiler militar: lo ataron de manos y pies, lo golpearon con una pala y con las culatas de los fusiles, lo patearon en la ingle, le dispararon en la pierna cerca de la rodilla y lo violaron con un palo de escoba, causándole lesiones graves en los genitales. En otro episodio, Maduro habría ordenado la detención de un militar sospechoso de planear un golpe y el interrogatorio incluyó descargas con un cable eléctrico vivo y colgarlo de manos y pies.

La acusación coloca a Maduro y Flores en la cúpula

Según el documento, Maduro “presidió este sistema de opresión y tortura, comandó las unidades policiales y militares responsables, ordenó que individuos específicos fueran detenidos ilegalmente y torturados, y recibió actualizaciones sobre la tortura de prisioneros concretos”. En algunas reuniones habría pedido “más presión” o sugerido técnicas. Flores “ayudó a desarrollar este sistema de represión y ordenó que individuos fueran torturados para proteger las actividades ilegales de su familia”. La acusación menciona al menos nueve víctimas en total, de las cuales al menos tres son ciudadanos estadounidenses.

El nuevo cargo se suma a los anteriores. Si son declarados culpables de todos, enfrentan un mínimo de 50 años de prisión. La defensa de Maduro ha dicho que niega los cargos y espera su día en corte. Flores sigue en prisión preventiva.

Esto no es un informe de una ONG ni un comunicado de prensa de la oposición. Es un cargo federal en Manhattan, encima de los de narcotráfico y armas que ya tenían desde su captura el 3 de enero. Durante años el régimen negó o minimizó las denuncias de tortura que hacían grupos de derechos humanos, familiares y algunos exfuncionarios. La acusación de octubre las coloca en la cúpula del poder y las documenta con casos específicos, incluidos ciudadanos estadounidenses. La captura de enero no cerró el expediente; lo amplió.

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