La investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen chavista avanzará, según decidió la Corte Penal Internacional (CPI) esta semana.
La CPI decidió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista en Venezuela, acusados de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposición y la sociedad civil en general.
El régimen de Maduro ya fue notificado de la decisión de la CPI, cuyo fiscal jefe, Karim Khan ya había anunciado la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante su visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, ocasión en la que firmó un memorándum de entendimiento con el régimen, quien publicitó esto.
El examen preliminar en esta causa a cargo de la CPI inició en 2018 por la acción de efectivos del régimen que dejaron un centenar de muertos un año antes, durante las protestas colectivas de la población.
Los órganos de “justicia” del régimen chavista han imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según cifras del Ministerio Público del régimen. Es claro que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional, lo cual no se logró.
Según la agencia AFP, activistas consultados por ellos celebran este paso, pero advierten que el proceso para establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
Será un largo camino por recorrer, el cual entre otras situaciones complejas, debe transitar por la investigación del propio régimen en instrumento de su ministerio público, para determinar responsabilidades. Es una suerte de contradicción donde el acusado – en este caso el régimen chavista en abstracto – se investigaría a sí mismo. Preciso es ubicarse en la realidad y no cantar victorias que puedan resultar en grandes frustraciones.
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