Escándalo de malversación de ayuda humanitaria es apenas la punta del iceberg

ETQQ / 16 Jun 2019.- El inevitable escándalo por malversación de fondos de la ayuda humanitaria por parte de los delegados de Guaidó en Cúcuta es apenas la punta del iceberg.

El escándalo ya era un secreto a voces en la frontera desde hace meses, se trató de ignorar hasta que las evidencias fueron muy obvias.

La ya ampliamente difundida  publicación del Panam Post en donde se señala a los designados por Guaidó, Rossana Barrera y Kevin Rojas, militantes del partido Voluntad Popular para cumplir con la misión de velar por la manutención de los militares Venezolanos desertores del régimen de Maduro en la frontera con Colombia, y colaborar con el manejo de la ayuda humanitaria, sólo hizo  del conocimiento público lo que ya era imposible ocultar por más tiempo.

El 23 de febrero fueron más de 40 desertores y la cifra se fue elevando con el pasar de los días y los meses, Guaidó había asegurado que daría protección a todo aquel efectivo militar que abandonara a Maduro, se dice que para la fecha hay más de 1450 funcionarios en calidad de refugiados y protegidos por los gobiernos de Venezuela y Colombia.

Estos funcionarios y sus familiares fueron alojados en 7 hoteles de Colombia, el pago de los hoteles era compartido entre el Gobierno de Colombia, la ACNUR, y los encargados de Guaidó, a estos sólo les correspondía el pago de 2 hoteles.

La inteligencia de Colombia comenzó a investigar y recabar información ya que Becerra y Rojas encendieron las alarmas al cambiar de estilo de vida, comenzaron una vida de excesos, sus actuaciones fueron seguidas con más detenimiento.

A principios de mayo dejaron de pagar uno de los hoteles en donde se alojaban parte de los desertores, el hotel Ácora, la deuda subió a 60 millones de pesos, 20 mil US$, el hotel decide desalojar a los militares y sus familias.

La noticia llegó a el embajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, este envió un cheque por 27 millones de pesos, pero por problemas bancarios rebotó, el embajador quiso acabar con el impasse y comenzar una investigación pero ya la noticia corría por toda la frontera.

Rossana Barrera es la que figura en la mayoría de la pruebas de manejo ilícito de fondos. Hay facturas, casi todas sin sello, gastos de más de 3 millones de pesos en hoteles, sitios nocturnos, facturas de mil dolares en comidas y bebidas. Compras de ropa en tiendas de lujo, todo a su nombre.

Barrera y Rojas mintieron al dar el reporte de a cuántos venezolanos desertores estaban brindando apoyo, la cifra inflada de 1450 funcionarios fue desmentida por la inteligencia Colombiana al hacer público una investigación realizada y que sólo arrojó 700 militares venezolanos en la frontera.

El caso va más allá, Barrera y Rojas reportaban al equipo de Juan Guaidó en Caracas que eran los encargados de mantener a todos los militares venezolanos en la frontera, de esta manera desde Caracas se les enviaba los recursos para el pago de los 7 hoteles, cuando tenían a su cargo solo el mantenimiento de 2 de ellos.

Rossana Barrera y Kevin Rojas fueron separados del cargo cuando los medios publicaron la situación, pero antes hubo amenazas de parte de los acusados y se intentó culpar a la embajada de Venezuela en Colombia presidida por Calderón Berti.

La Inteligencia Colombiana presionó hasta que Barrera fue llevada a una auditoría el 27 de mayo en presencia de miembros de la embajada, su abogado fue Luis Florido. Barrera entregó una carpeta con muy poca información.

Se pudo conocer que existe enorme molestia por parte del gobierno colombiano, ya que suman incidencias que pueden complicar el concepto de “aliado”. Por una parte la no notificación de los diálogos en Noruega, y por la otra la situación de corrupción campante con el tema ayuda humanitaria.

Guaidó pidió a Colombia investigar los presuntos hechos de corrupción de sus delegados en la frontera.

Existe enorme indignación en la ciudadanía por la manera en que se han manejado las situaciones. Se reportan inclusive acosos selectivos en redes sociales involucrando cierres de cuentas en la red social Twitter, algunas de las cuales han sido voceras de las irregularidades de los meses del interanato de Guaidó.