En un desarrollo que ha generado un amplio espectro de reacciones en Venezuela y a nivel internacional, la Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero de 2026 la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. Abordamos esta “Ley de Amnistía en Venezuela” aquí desde una perspectiva crítica y sin concesiones.
Un Régimen convencido de que los venezolanos, la administración Trump y el mundo son idiotas
Esta Ley de Amnistía en Venezuela, promulgada de inmediato por la presidenta interina Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial N.º 6.990 Extraordinaria el 19 de febrero, se presenta oficialmente como un instrumento para fomentar la paz, el reencuentro nacional y la convivencia democrática. Sin embargo no nos dejamos seducir por la narrativa oficial: esta ley aparenta ser una maniobra estratégica para rehabilitar la imagen de un régimen chavista en desintegración, liberando selectivamente a algunos detenidos mientras preserva intacto el entramado represivo que ha asfixiado al país durante casi tres décadas.
Lejos de representar una rectificación auténtica, parece queda claro a todas luces, que es un esfuerzo calculado por ganar legitimidad ante la comunidad internacional y estabilizar el poder interno sin ceder terreno sustancial en temas de justicia y derechos humanos, a la vez de quese gana tiempo frente a una administración Trump que ciertamente tiene fecha de salida en el tiempo, una vez más.
La aprobación llega en un momento de profunda inestabilidad, con el país lidiando con las repercusiones de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, y una economía en caída libre marcada por hiperinflación, escasez de servicios básicos y un éxodo masivo de ciudadanos.
Rodríguez, al firmar la Ley de Amnistía en Venezuela, enfatizó la necesidad de “saber pedir perdón y saber recibir perdón”, posicionándola como un paso hacia la tolerancia y la política renovada. Pero estas palabras resuenan huecas para muchos, considerando el historial de represión sistemática bajo el chavismo, que ha incluido detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales documentadas por organismos internacionales.
En el régimen están absolutamente convencidos de que los venezolanos, la Administración Trump y el mundo en general, son unos idiotas y se les va creer o darles legitimidad, misma que no poseen de modo alguno, y que estén en “el poder” es sólo resultado de la más audaz estupidez de los tiempos modernos por parte de los EE.UU tras las brillantes acciones del 03 de enero de este año.
Fuera del propio régimen y sus acólitos en la asamblea nacional – con minúsculas -, esta iniciativa claramente no luce como un puente hacia la reconciliación, sino como un dique para contener el descontento popular y las presiones externas, mientras se excluyen casos clave que podrían desestabilizar al núcleo del poder. Pero todo dique se rompe tarde o temprano, y hay más descontento que otra sensación ahora más que nunca.
Contexto Histórico y Político de la Ley de Amnistía en Venezuela
Para comprender plenamente el surgimiento de esta ley, es esencial contextualizarla dentro de la turbulenta trayectoria política de Venezuela bajo el chavismo. La captura de Maduro en enero de 2026 marcó un punto de inflexión abrupto, dejando a Delcy Rodríguez como presidenta interina en un vacío de poder institucional exacerbado por sanciones internacionales y una crisis económica aguda, donde el dólar oficial ha superado los 400 bolívares, y servicios como el agua y la electricidad fallan crónicamente en todo el país. Rodríguez presentó la propuesta el 5 de febrero de 2026, argumentando que promovería la “convivencia democrática” en un país dividido por décadas de confrontación política.
Este no es el primer intento de amnistía en la era chavista; en 2016, una iniciativa similar fue vetada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por promover la impunidad. Ahora, en 2026, con Venezuela al borde del colapso –inflación descontrolada, migración de millones y un sistema judicial politizado–, la ley se centra en 13 periodos específicos de crisis, desde el golpe de Estado de 2002 hasta las protestas de 2025. Las consultas públicas previas, supuestamente inclusivas con “sectores de la sociedad”, han sido criticadas por su superficialidad: informes indican que se limitaron a audiencias controladas, excluyendo voces disidentes como familiares de víctimas de tortura o exiliados políticos.
En el trasfondo, esta ley emerge mientras Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero en Nueva York, y el chavismo busca reposicionarse ante posibles negociaciones internacionales. Rodríguez, en sus discursos, ha invocado un “desprendimiento de intolerancia” para abrir “nuevas alamedas políticas”, pero críticos ven esto como retórica vacía, especialmente dado el control chavista sobre la Asamblea, que aprobó la Ley de Amnistía en Venezuela por unanimidad tras solo dos semanas de debate.
Es oportuno recordar que la reconciliación auténtica no se impone por decreto; requiere desmantelar estructuras represivas y garantizar elecciones libres, elementos ausentes en esta iniciativa.
Detalles del Contenido y Exclusiones Clave
La “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática” comprende 16 artículos y otorga amnistía general por delitos políticos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y la fecha de su vigencia, abarcando prácticamente todo el periodo chavista. Cubre específicamente instigación a la rebelión, participación en protestas y “acciones violentas” en contextos políticos, con potencial para beneficiar a cientos de detenidos, incluyendo algunos opositores y activistas. Sin embargo, sus exclusiones son deliberadamente restrictivas: no aplica a homicidio, corrupción, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos, rebelión militar ni delitos contra el patrimonio público.
Para los exiliados, la ley impone condiciones estrictas: deben regresar al país y someterse a procesos judiciales, posiblemente admitiendo culpas fabricadas para acceder a beneficios como libertad condicional. ¡Se podrán imaginar semejante despropósito!.
Una comisión especial, presidida por Jorge Arreaza –ex canciller y figura cercana al chavismo– y integrada por diputados como Nora Bracho, supervisará la aplicación, lo que genera dudas sobre su imparcialidad dada la influencia histórica del régimen en tales organismos. Además, el TSJ, la Fiscalía y esta comisión han establecido protocolos para ejecutar la ley, pero sin mecanismos de transparencia independientes.
En esencia, la Ley de Amnistía en Venezuela actúa como un parche selectivo: libera a algunos para proyectar cambio, pero mantiene el control judicial sobre opositores clave, como militares rebeldes o activistas acusados de “traición a la patria”. En definitiva muchos correctamente la interpretan como un instrumento que blinda a corruptos y violadores de derechos humanos dentro del régimen, perpetuando un sistema donde la justicia es una herramienta política en lugar de un derecho universal.
Críticas Específicas del Foro Penal
El Foro Penal, una de las organizaciones más prominentes en la defensa de derechos humanos en Venezuela, ha sido particularmente vocal en sus críticas a la Ley de Amnistía en Venezuela, calificándola como un avance parcial pero insuficiente que no resuelve el problema estructural de la represión política. Alfredo Romero, presidente de la organización, ha declarado que “la amnistía no va a servir para eliminar el aparato represivo; sólo sirve como un paño caliente para beneficiar a algunos”, destacando que excluye a más de la mitad de los casi 700 presos políticos registrados por su entidad.
En publicaciones recientes en X, Romero ha expresado optimismo cauteloso, reconociendo que beneficia a algunos perseguidos políticos, pero enfatizando que es restrictiva y deja fuera muchos casos, urgiendo a continuar presionando por la liberación total de todos los presos políticos.
Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente del Foro Penal, ha profundizado en los defectos técnicos y conceptuales de la ley. En un hilo en X, señaló que de los casi 28 años que debería abarcar (desde enero de 1999 hasta febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente excluidos, limitando severamente su alcance temporal y dejando sin cobertura periodos clave de represión chavista. Himiob criticó que la ley parece más una “ley de punto final” que equipara a víctimas con victimarios, promoviendo la impunidad para estos últimos, lo cual considera inaceptable y contrario al espíritu de una amnistía genuina. Además, argumenta que, al declararse la ley de “orden público e interés general”, debe aplicarse de oficio sin requerir que los beneficiarios “se pongan a derecho”, un requisito que ve como absurdo y potencialmente chantajista para inocentes.
Antes de la aprobación, el Foro Penal participó en reuniones con la comisión legislativa, presentando sugerencias y críticas detalladas. En un documento consignado, propusieron correcciones técnicas para hacer la ley de amnistía en Venezuela más inclusiva y alineada con estándares internacionales de derechos humanos, insistiendo en que la supervisión no quede solo en manos del Poder Ejecutivo, sino que involucre a ONG, víctimas y organismos independientes para garantizar transparencia y no repetición. Himiob resaltó la positividad del diálogo, pero enfatizó la necesidad de que las excarcelaciones continúen paralelamente y se conviertan en libertades plenas.
La organización ha documentado que, hasta el 19 de febrero, solo se han verificado 448 excarcelaciones desde el 8 de enero, un número que consideran estancado y insuficiente, advirtiendo que el proceso no debe detenerse. Además, Foro Penal ha anunciado que presentará ante el parlamento una lista de 232 casos de presos políticos excluidos, para que sean incorporados, reconociendo la ley como un “logro pequeño” de las víctimas pero insistiendo en que persiste la represión estructural. Romero ha calificado la amnistía como “un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones”, que no solventa el problema de los presos políticos ni alcanza la reconciliación sin liberaciones totales.
En su anteproyecto propio de ley de amnistía, publicado a fines de enero, Foro Penal proponía una amnistía general más amplia, con exposición de motivos que enfatiza la reconciliación como valor estatal, la no discriminación entre beneficiarios y la derogatoria de leyes represivas que han criminalizado el disenso. Esta visión contrasta con la Ley de Amnistía en Venezuela aprobada, que, según Himiob, no está a la altura del momento histórico y podría perpetuar divisiones al excluir amplios periodos y categorías de víctimas.
En El Tuqueque Noticias, compartimos esta perspectiva realista: las críticas del Foro Penal exponen cómo la Ley de Amnistía en Venezuela, en lugar de desmontar el sistema represivo, lo maquilla, priorizando la conveniencia del régimen sobre la justicia verdadera.
Críticas de Organizaciones de Derechos Humanos
Expertos de la ONU han acogido la iniciativa con “cautela”, urgiendo que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y se integre en un proceso de justicia transicional conforme a estándares internacionales, como la reparación a víctimas y la no repetición de violaciones. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha insistido en la necesidad de un enfoque transparente y centrado en las víctimas, destacando que la ley actual parece priorizar la estabilidad política sobre la justicia.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han ido más lejos, criticando que ignora violaciones sistemáticas como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y no contempla mecanismos para investigar a altos funcionarios implicados.
Familiares de detenidos, congregados frente a prisiones como El Helicoide o Zona 7 en Boleíta, expresan una mezcla de esperanza y desconfianza: mientras algunos esperan liberaciones inmediatas, otros temen que las exclusiones mantengan a sus seres queridos encarcelados indefinidamente.
Una amnistía verdadera debe priorizar la justicia restaurativa y la rendición de cuentas, no servir como escudo para los perpetradores del régimen.
Reacciones Internacionales y Medios Globales
A nivel internacional, las reacciones son variadas pero mayoritariamente reservadas. La BBC ha calificado la Ley de Amnistía en Venezuela como “limitada”, señalando que no abarca todas las violaciones de derechos humanos documentadas durante el chavismo y podría excluir a figuras opositoras clave como María Corina Machado. El País de España destaca su carácter histórico pero resalta dudas sobre su aplicación a exiliados, iniciando una “nueva lucha” para revisar casos marginados y cuestionando la sinceridad del régimen. Associated Press reporta escenas de familiares esperando con recelo fuera de cárceles, mientras Telemundo enfatiza el “giro radical” pero advierte sobre posibles trampas en su implementación.
En Estados Unidos, firmas legales como Vasquez Law alertan que esta ley de amnistía en Venezuela podría complicar solicitudes de asilo para venezolanos, al sugerir mejoras internas que no reflejan la realidad de persecución continua. France 24 nota que opositores en el Parlamento la ven como un avance parcial, pero insuficiente sin mayor amplitud, mientras DW y Emol celebran las liberaciones potenciales pero señalan “deficiencias” en su alcance y transparencia. RTVE describe la ley como un “camino hacia la reconciliación”, pero critica su exclusión de condenados por crímenes graves, lo que podría perpetuar impunidad. En resumen, la comunidad global percibe esto como un paso tentativo, pero no el transformación profunda que Venezuela requiere para restaurar su democracia.
Impacto en la Sociedad y Economía Venezolana
Esta Ley de Amnistía en Venezuela irrumpe en un país asolado por crisis múltiples: el dólar en más de 400 bolívares, apagones frecuentes y escasez de agua potable en todo el país, agravando la pobreza que afecta a más del 80% de la población según encuestas independientes. Socialmente, divide opiniones: algunos ven en las liberaciones un alivio para familias fracturadas, pero otros la perciben como una distracción de problemas urgentes como la hiperinflación y la migración de 7 millones de venezolanos. Económicamente, podría reducir costos carcelarios al liberar presos, pero sin reformas estructurales –como combatir la corrupción endémica o levantar sanciones–, no resuelve la dependencia del petróleo ni la inestabilidad monetaria.
El impacto en el exilio con respecto a esta ley de amnistía en Venezuela, es particularmente preocupante: con millones fuera del país, la ley complica retornos seguros y afecta solicitudes de asilo, al argumentar el régimen un “cambio” interno que no existe. En todo caso vemos esto como una perpetuación de la inestabilidad: sin justicia económica ni social, la ley es un paliativo que no cura la herida profunda de la desigualdad y la represión.
Perspectivas Futuras y Llamado a la Acción
El futuro de esta Ley de Amnistía en Venezuela depende de su implementación: si se aplica de manera selectiva, podría fallar en generar confianza y exacerbar divisiones. Analistas predicen que, sin una justicia transicional integral –incluyendo investigaciones independientes y reparaciones–, Venezuela podría enfrentar más inestabilidad, especialmente con elecciones pendientes y presiones internacionales. La comisión de Arreaza podría ser pivotal, pero su composición chavista genera escepticismo absoluto sobre equidad en la aplicación y viabilidad de esta ley de amnistía en Venezuela.
Es menester mantener una vigilancia activa: esta Ley de Amnistía en Venezuela no marca el fin de la era represiva, sino un capítulo más en la lucha por la democracia. La ciudadanía venezolana debe unirse para demandar cambio real, no maniobras cosméticas. No somos idiotas.
Preguntas y Respuestas sobre la Ley de Amnistía en Venezuela (2026)
Para optimizar la comprensión y facilitar búsquedas, respondemos detalladamente a consultas comunes sobre esta controvertida Ley de Amnistía en Venezuela, basándonos en fuentes verificadas y análisis críticos.
¿Qué es la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en Venezuela en 2026?
Es una norma aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 19 de febrero de 2026, promulgada por Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial el 20 de febrero. Cubre delitos políticos y faltas cometidas en 13 periodos de crisis entre 1999 y 2026, prometiendo liberar a cientos de presos, pero excluye crímenes graves como homicidio y violaciones de derechos humanos. Se presenta como herramienta para la paz, pero críticos la ven limitada y selectiva.
¿Quiénes se benefician de la Ley de Amnistía en Venezuela?
Principalmente detenidos por instigación a la rebelión o participación en protestas políticas; podría aplicar a cientos según Foro Penal. Excluye a condenados por homicidio, corrupción, narcotráfico, rebelión militar o graves violaciones de DDHH. Exiliados deben regresar y cumplir requisitos judiciales, posiblemente admitiendo culpas, lo que genera riesgos de re-detención.
¿Por qué hay críticas a la Ley de Amnistía en Venezuela de 2026?
Organizaciones como la ONU y Foro Penal la consideran limitada porque no cubre todos los enjuiciamientos ilegales ni desmantela el sistema represivo; se percibe como maniobra para aparentar cambio sin accountability real. Exclusiones protegen a funcionarios chavistas, y el proceso obliga a víctimas a someterse a tribunales politizados.
¿Cómo afecta la Ley de Amnistía en Venezuela a los exiliados venezolanos?
Ofrece beneficios condicionados a regreso y cumplimiento de requisitos, pero complica asilos en países como EE.UU., al sugerir mejoras internas que no abordan persecuciones continuas. Firmas legales advierten que podría usarse para denegar refugios, forzando retornos inseguros.
¿Es la Ley de Amnistía en Venezuela un paso hacia la democracia en el país?
Insuficiente sin cambios sistémicos como reformas judiciales y elecciones libres; expertos ven avances parciales, pero critican su selectividad y falta de inclusión, comparándola con estándares que ni Chávez cumpliría en sus golpes de los 90.
¿Qué dice la ONU sobre la Ley de Amnistía en Venezuela?
Acoge con cautela, exigiendo aplicación universal a víctimas de enjuiciamiento ilegal y integración en justicia transicional; monitorearán implementación para asegurar transparencia y enfoque en víctimas, advirtiendo contra impunidad.
¿Cuántos presos políticos podrían liberarse con esta ley de amnistía en Venezuela?
Estimaciones varían: Foro Penal menciona más de 600 detenidos y 11.000 restringidos; solo una fracción se beneficiaría debido a exclusiones estrictas, con liberaciones diarias reportadas pero potenciales boicots por opositores extremos.
¿Delcy Rodríguez pidió perdón con la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela?
Sí, en su discurso de promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela enfatizó “saber pedir y recibir perdón” para fomentar tolerancia, pero críticos lo ven como retórica vacía dada la historia de represión bajo su liderazgo y el chavismo.
¿Cómo se aplica la Ley de Amnistía en Venezuela?
Beneficiados inician procesos ante tribunales, posiblemente admitiendo culpas; una comisión presidida por Jorge Arreaza verifica cumplimiento desde el 20 de febrero, con protocolos acordados por TSJ y Fiscalía, pero sin garantías de imparcialidad.
¿Esta Ley de Amnistía en Venezuela marca el fin de la represión en Venezuela?
Absolutamente no: sin reformas profundas al sistema judicial y de inteligencia, arbitrariedades persistirán; analistas advierten que esta ley de amnistía en Venezuela es cosmética, perpetuando control mientras se aparenta cambio.
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