El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su ofensiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua, especialmente contra la Compañía de Jesús, a la que ha expropiado de todos sus bienes en el país centroamericano. La tiranía de Ortega disuelve y expropia a los jesuitas en Nicaragua.
Esta es una muestra más de la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad religiosa que sufre el pueblo nicaragüense bajo la dictadura sandinista.
El régimen nicaraguense ordenó disolver a la Asociación de la Compañía de Jesús en Nicaragua supuestamente por no haber reportado los estados financieros en 2020,2021, y 2022 respectivamente, y por no haber renovado la junta directiva que está vencida desde marzo de 2020.
La medida de disolución incluyó el traspaso de todos los bienes e inmuebles de la Compañía de Jesús a nombre del Estado de Nicaragua, afectando con esto a los colegios Loyola y Centroamérica, además de las escuelas de Fe y Alegría.
La abusiva medida del régimen de los Ortega-Murillo ocurrre una semana después de que oredenaran confiscar la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por la Compañía de Jesús desde hace más de 60 años, y a la que por ahora renombrarán con el mote de “Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro”.
Uno de los primeros objetivos del régimen fue la Universidad Centroamericana (UCA), fundada y administrada por los jesuitas desde 1960. La UCA es una de las instituciones académicas más prestigiosas y críticas de Nicaragua, que ha formado a miles de profesionales y líderes sociales.
“La confiscación de facto de los bienes de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense” dijo la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) en un comunicado esta semana.
“Su denuncia de los hechos calificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas, la ha hecho víctima de múltiples y progresivas agresiones desde 2018” dice el comunicado.
Según denunció la AUSJAL, a la UCA se le negó injustificadamente las certificaciones para cumplir con su misión de educar, producir conocimiento y vincularse socialmente, al igual que ocurrió con otros 27 centros de educación superior cuyos bienes fueron confiscados.
El 15 de agosto, el gobierno de Daniel Ortega abrió una causa penal contra la Universidad Centroamericana (UCA) por el delito político de “terrorismo”. Una acción que docentes y líderes estudiantiles han visto como una represalia por la participación de la institución en la rebelión de abril de 2018.
La tiranía de Ortega disuelve y expropia a los jesuitas en Nicaragua, y sienta un nefasto precedente en los tiempos actuales que traerá repercusiones.
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