Fiscalía de la CPI confirma inacción venezolana en sancionar crímenes de lesa humanidad

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El caso conocido como Venezuela I ante la Corte Penal Internacional ha tenido un significativo avance esta semana al hacerse oficial el informe preliminar de la Fiscal saliente. Ahora solo queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que hubo “inacción” por parte del Estado venezolano para investigar y sancionar casos denunciados como de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017, confirmando así la complementariedad de la corte de La Haya.

“Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, señaló la Fiscalía de la CPI en un documento revelado esta semana por la Sala de cuestiones preliminares.

La Fiscalía de la CPI señaló que las autoridades venezolanas “no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos”.

“Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, se lee en el texto que se puede consultar on line, a lo que agregan que las investigaciones no se han llevado de manera independiente o imparcialmente, “lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia”.

Merece especial atención que la Fiscalía de la CPI se refirió a la falta de independencia de la Justicia venezolana al afirmar que los procedimientos internos no se han llevado a cabo de manera independiente o imparcial, “lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia”.

Con este informe el procedimiento avanzaría hacia la fase de investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. Un largo camino aun por recorrerse está pendiente.

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