Ecuador vive una de las peores crisis de seguridad de su historia. Desde el pasado domingo 7 de enero, el país ha sido escenario de una serie de ataques violentos por parte de grupos armados vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa declaró el martes 9 de enero la existencia de un “conflicto armado interno” y ordenó la intervención de las fuerzas militares y policiales para restablecer el orden y la paz. ¿Qué ha ocurrido en estos siete días? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? ¿Qué avances se han logrado? En este artículo te lo contamos.
El detonante de la ola de violencia que azota a Ecuador fue la fuga de José Macias Villamar, alias “Fito”, uno de los líderes de la banda criminal Los Choneros, el domingo 7 de enero.
“Fito” se escapó de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, aprovechando un operativo policial que buscaba controlar un motín en el centro penitenciario.
Según las autoridades, “Fito” es el responsable de varios asesinatos, extorsiones, secuestros y robos en el país, y tiene vínculos con los carteles de la droga de México y Colombia.
La fuga de “Fito” desató una serie de represalias por parte de sus rivales, que intentaron asesinarlo y recuperar el control del territorio y el negocio ilícito. Así, el lunes 8 de enero se registraron varios atentados con explosivos en distintos puntos de Guayaquil, Quito y otras ciudades, que causaron daños materiales y heridos.
Uno de los objetivos fue la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien había dictado la sentencia contra “Fito” en 2023. Ese mismo día, cuatro policías fueron secuestrados por grupos armados: uno en Quito y tres en Quevedo.
Ante la grave situación de inseguridad, el presidente Noboa decretó el lunes 8 de enero el estado de excepción en todo el territorio nacional, lo que implica la suspensión de algunos derechos y garantías constitucionales, y la movilización de las fuerzas de seguridad para hacer frente a la amenaza.
Pero los hechos de violencia se desataron en todo el territorio del país esa misma noche, por lo que al día siguiente, el mandatario fue más allá y declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, lo que supone el reconocimiento de que los grupos armados son actores no estatales beligerantes y organizaciones terroristas, y que el Estado debe aplicar el derecho internacional humanitario para proteger a la población civil.
Con esta medida, el presidente Noboa autorizó el uso de la fuerza letal contra los grupos armados, así como el indulto y la amnistía para los policías y militares que participen en las operaciones de combate.
El presidente Noboa justificó su decisión argumentando que Ecuador está enfrentando una “agresión externa” por parte de organizaciones criminales transnacionales que buscan desestabilizar al gobierno y al país.
A pesar de la escalada de violencia, en estos siete días también se han registrado algunos avances en la lucha contra el crimen organizado.
El más importante fue cuando se logró la liberación de los 18 guías penitenciarios que habían sido tomados como rehenes por los internos de todas las cárceles. Los rehenes fueron entregados a una comisión integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica, tras una intensa negociación.
Asimismo, las fuerzas de seguridad han logrado detener a más de 300 personas vinculadas a los grupos armados, y decomisar armas, explosivos, drogas y vehículos.
Entre los detenidos se encuentran algunos cabecillas de las bandas criminales, como Fabricio Colón Pico, alias “Piler”, líder de los Tiguerones, y Saldo, líder de los Lobos. También se ha confirmado la muerte de al menos 14 integrantes de los grupos armados, entre ellos dos civiles que resultaron heridos en los atentados.
La situación de Ecuador es crítica y requiere de una solución integral que aborde las causas estructurales del problema.
El conflicto armado interno es el resultado de años de abandono, corrupción, impunidad y falta de políticas públicas efectivas en materia de seguridad, justicia, prevención, rehabilitación y reinserción social.
Ecuador se ha convertido en un país clave para el narcotráfico y el crimen organizado, que han encontrado en las cárceles sus principales centros de operación y reclutamiento. Según datos oficiales, hay más de 20 bandas criminales que operan en el país, con unos 15.000 miembros, de los cuales el 80% están presos.
Para enfrentar este desafío, el gobierno debe contar con el apoyo de la sociedad civil, los medios de comunicación, los organismos internacionales, y los países vecinos.
Es necesario fortalecer el Estado de derecho, garantizar el respeto a los derechos humanos, mejorar las condiciones carcelarias, reformar el sistema judicial, desmantelar las redes de corrupción, y ofrecer oportunidades de desarrollo a los sectores más vulnerables. Solo así se podrá recuperar la paz y la convivencia en Ecuador.
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