La situación de inestabilidad generalizada en Colombia ha permanecido in crescendo durante los últimos días. Ya no se trata de una protesta cívica como respuesta a un proyecto de reforma tributaria que el gobierno ya declinó. Se trata de algo más funesto. Colombia va hacia un potencial desastre mayor.
Ante la presión de las protestas iniciadas el 28 de abril, el Gobierno colombiano retiró la propuesta de reforma tributaria y llamó al diálogo a los distintos sectores de la sociedad colombiana, en un intento por lograr una reforma consensuada.
Sin embargo, algo no ha cuadrado en el trasfondo de las protestas. En vez de amainar y abrir una vía de diálogo y consenso, las protestas han escalado en vandalismo, asesinatos, daños a la propiedad privada, y desinformación generalizada, en un escenario de caos que ya hemos conocido en otros países de la región.
La prensa global se ha empeñado en colocar al gobierno de Iván Duque como el agresor y villano universal, sin embargo hay evidencias recogidas por cientos de ciudadanos a través de sus teléfonos inteligentes grabando en videos e imágenes el vandalismo, que marcan una clara tendencia: desestabilización planificada.
Las movilizaciones masivas, como las reseña la mayoría de la prensa globalista, son un reflejo de un descontento más amplio frente al gobierno de Duque.
La sobredimensión del vandalismo constante ha conducido a una situación de contención que Colombia no conocía sino por las reseñas mediáticas que desde Venezuela se veían en los años 2014 y 2017.
Ciertamente han ocurrido asesinatos de miembros de la policía, y de igual manera también ha ocurrido una respuesta policial hacia manifestantes, todo lo cual en conjunto hasta el momento arroja un saldo de más de 24 muertos.
Los destrozos en ciudades como Cali y Medellín han sido constantes. En Cali se ha producido el mayor número de muertes.
Por su parte la ONU y la Unión Europea han condenado la acción policial y han pedido que los responsables de la represión respondan por sus actos. Hay más de 20 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos desde que las protestas arrancaron el miércoles pasado, según reseña El País.
Las protestas, que en su mayoría venían siendo pacíficas, han derivado en muchas ocasiones en actos vandálicos.
Quema autobuses, bancos y saqueo de comercios han sido frecuentes. El gobierno sostiene que hay más de 400 policías heridos. Hay más de 500 detenidos y la policía dice haber identificado a decenas de asaltantes más que están siendo buscados.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los ataques contra los uniformados son acciones coordinadas por “disidentes” de las FARC infiltrados en las protestas.
Aunque el gobierno de Duque retiró la propuesta de reforma tributaria e incluso el Ministro de Haciendo proponente renunció, nada ha mejorado el ambiente.
Comercios y servicios públicos continúan a media máquina. Hay carreteras cortadas por todo el país, y poblaciones a las que no se puede entrar. Las centrales obreras que convocaron el paro no tienen intención de dar por terminada la protesta.
Todos los aspectos que se configuran en la situación de Colombia en el marco de estas protestas asoman una maniobra de golpe de estado que ya muchos están comprendiendo. De momento Colombia va hacia un potencial desastre mayor.
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