Este viernes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro “ordenó” a la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela) continuar “de manera inmediata” con la prestación de servicio de televisión por suscripción.
Como ya se sabe, Directv cesó de manera abrupta y unilateralmente sus operaciones en Venezuela, bajo el pretexto de hacérseles “imposible” cumplir con el ordenamiento jurídico de EEUU y Venezuela, habida cuenta de que debido a las sanciones que pesan sobre entidades del régimen y algunas empresas como Globovisión y PDVSA, ya no era viable continuar con la prestación del servicio en el país.
En la sentencia N° 0064-2020, el TSJ del régimen ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción gestionado por dicha empresa; para ello Conatel contará con el auxilio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La Sala Constitucional del TSJ del régimen ordenó también que Conatel designe una Junta Administradora Ad-Hoc de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A, la cual estará presidida por su director general, Jorge Elieser Márquez Monsalve, y tendrá las más amplias facultades de administración, a fin de garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios de televisión por suscripción y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de la empresa.
Además, la decisión se establece prohibición de salida del país a los integrantes de la junta directiva de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela), así como medida de prohibición de enajenar y gravar de los bienes de los referidos ciudadanos, y la inmovilización de cualquier tipo de cuenta bancaria o instrumento financiero de los cuales sean titulares.
Sin embargo esto es un acto inútil, ya que por más que se “ordene” la reactivación del servicio y se tomen las instalaciones de la empresa, si en EEUU la empresa propietaria de Directv no autoriza la subida del satélite, no habrá ninguna reactivación del servicio, y por lo tanto, todo sería nulo por imposible puesta en práctica.
El TSJ del régimen no tiene competencia en EEUU como para “ordenar” a ninguna empresa estadounidense nada. Entonces, ¿Una bravuconada para “salvar” la “moral” del régimen?
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