Elon Musk, en su rol como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) bajo la administración Trump, ha tomado medidas agresivas contra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su accionar ha destapado lo que podemos denominar como “el escándalo de la USAID”. Abordaremos aquí un resumen sobre el tema.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido durante décadas el brazo principal de la ayuda humanitaria y de desarrollo de Estados Unidos en el extranjero.
Creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy, su misión ha sido fomentar la estabilidad y la prosperidad global. Sin embargo, la agencia ha sido objeto de críticas por supuestos abusos y mal uso de fondos, especialmente en contextos geopolíticos sensibles.
En los primeros días de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha tomado medidas drásticas contra USAID. Tras acusaciones de desvío de fondos, Trump ordenó la congelación de la mayoría de la ayuda exterior y el cierre de las oficinas de USAID, dejando a miles de empleados sin acceso a sus sistemas de trabajo y bajo licencia administrativa.
El objetivo declarado es alinear la ayuda exterior con la política de “América Primero”.
Trump expresó en sus redes sociales que “HAN ROBADO BILLONES DE DÓLARES EN USAID” para financiar “MEDIOS DE NOTICIAS FALSAS PARA CREAR BUENAS HISTORIAS SOBRE LOS DEMÓCRATAS”: “ESTO PODRÍA SER EL ESCÁNDALO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA”.
El presidente Donald Trump ha intentado cerrar USAID a través de una serie de órdenes ejecutivas y políticas administrativas. La más significativa fue la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 que ordenó una revisión completa de la ayuda exterior, seguida por una congelación de fondos y la colocación de empleados en licencia administrativa.
Estas acciones se basaron en acusaciones de corrupción y mal uso de fondos. Sin embargo la administración Trump enfrenta múltiples desafíos legales para su intento de desmantelar USAID.
La USAID fue creada por una ley del Congreso, lo que significa que solo el Congreso tiene la autoridad para abolirla. La administración intenta usar poderes ejecutivos para reestructurar o cerrar la agencia, una acción que muchos juristas consideran fuera de su alcance legal.
En ese sentido hay quienes alegan que se incurre en violación del Acta de Control de Impedimentos (Impoundment Control Act): Similar a lo ocurrido en el primer mandato de Trump, la congelación de fondos aprobados por el Congreso puede ser vista como una violación de este acta, que regula cómo el Ejecutivo puede retener o reprogramar fondos federales.
El 7 de febrero de 2025, el juez federal Carl Nichols, nombrado por Trump en su primer mandato, emitió una orden temporal que bloquea la implementación de la licencia administrativa para aproximadamente 2,700 empleados de USAID hasta el 14 de febrero, citando la excedencia de autoridad ejecutiva y la violación de la separación de poderes.
Por su parte la American Federation of Government Employees y la Asociación Americana de Servicio Exterior han presentado demandas para detener las acciones de la administración, argumentando que las medidas tomadas no solo son ilegales sino que también violan los derechos laborales de los empleados federales.
Elon Musk, bajo la designación de Trump como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha jugado un papel crucial en la revisión y eventual desmantelamiento de USAID.
Musk ha liderado auditorías que revelaron, según él, un “nivel increíble de malgasto y corrupción” dentro de la agencia, lo que ha justificado el cierre de la misma.
1. Acceso a información clasificada: El 2 de febrero de 2025, miembros del equipo de Musk intentaron acceder a áreas restringidas y datos clasificados de USAID.
Dos altos funcionarios de seguridad de USAID, John Voorhees y su adjunto, fueron suspendidos por negarse a otorgar dicho acceso, argumentando que el equipo de DOGE carecía de las autorizaciones necesarias.
2. Control sobre sistemas de USAID: A pesar de la resistencia inicial, el equipo de Musk logró obtener acceso a los sistemas de control de USAID, incluyendo archivos de personal y servidores clasificados.
3. Declaraciones de Musk: Elon Musk ha sido vocal en sus críticas hacia USAID, calificándola de “organización criminal” y sugiriendo que es momento de desmantelarla. Estas declaraciones se alinean con los planes de la administración Trump de reestructurar o eliminar la agencia.
Una de las acusaciones más graves contra USAID ha sido el supuesto financiamiento de organizaciones y medios de comunicación de izquierda.
Musk y la administración Trump han alegado que USAID ha utilizado fondos públicos para promover agendas progresistas y proyectos sin relación directa con el desarrollo o la seguridad nacional de Estados Unidos.
Entre las denuncias más polémicas, se encuentra la supuesta financiación indirecta a Hamas a través de programas de ayuda. Aunque estas afirmaciones carecen de pruebas concretas, han servido para justificar la purga interna de USAID y la revisión de todos sus programas de asistencia en regiones conflictivas como Gaza.
El escándalo también ha alcanzado a la oposición venezolana, con investigaciones sobre el uso de fondos de USAID. Se alega que más de 2.7 mil millones de dólares destinados a la ayuda humanitaria fueron desviados hacia líderes opositores como Juan Guaidó y Carlos Vecchio, con acusaciones de corrupción y malversación.
El FBI adelanta investigaciones contra los prenombrados por corrupción y malversación de fondos destinados a la ayuda humanitaria en Venezuela.
La decisión de desmantelar USAID ha provocado reacciones variadas. Mientras que legisladores demócratas y organizaciones de ayuda humanitaria critican la medida por su impacto en la asistencia global, algunos republicanos y defensores de la política de Trump la ven como una necesaria purga de ineficiencias y corrupción.
En el ámbito internacional, países beneficiarios de la ayuda de USAID expresan preocupación por el futuro de proyectos críticos.
Legalmente, la administración Trump ha enfrentado desafíos por su intento de cerrar USAID sin la aprobación del Congreso, que es el cuerpo legislativo encargado de la creación y disolución de agencias federales.
Varios jueces federales han bloqueado temporalmente algunas de las acciones de Trump y Musk, destacando la necesidad de un proceso legal para tales decisiones.
Con USAID bajo revisión, el futuro de la ayuda humanitaria estadounidense está en un limbo. Se especula que programas esenciales podrían ser absorbidos por el Departamento de Estado, pero con un enfoque más alineado a los intereses nacionales directos de EE.UU.
De hecho el Secretario de Estado, Marco Rubio, asumió la administración interina de la USAID, mientras ocurren estas investigaciones y se van conociendo sus consecuencias.
Este escándalo y la posterior intervención de Musk en la administración de Trump marcan un potencial cambio de paradigma en cómo Estados Unidos podría gestionar su política exterior y de ayuda en el futuro.
La corrupción de la USAID apenas se comienza a conocer y sus implicaciones pueden resultar más devastadoras de lo que se podría haber calculado.
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